La Defensoría inició un expediente para requerirle al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro que “informe las razones en las cuales se fundamentó la decisión de colocar vallas y restringir la circulación” alrededor del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

La Defensoría del Pueblo abrió un expediente para “analizar y esclarecer” el accionar de la Policía de la Ciudad el pasado sábado, en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado, la Defensoría informó que durante el sábado 27 de agosto dispusieron un operativo de observación integrado por personal del organismo, que tuvo como objetivo fue “recorrer la zona donde se estaba desarrollando la manifestación” y así poder “verificar el dispositivo de seguridad dispuesto y en particular, la actuación del personal de la Policía de la Ciudad”.

Por este motivo, la Defensoría indicó que, tras los acontecimientos observados y las diferentes versiones del Gobierno de la Ciudad, inició un expediente para requerirle al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro que “informe las razones en las cuales se fundamentó la decisión de colocar vallas y restringir la circulación en al menos cuatro cuadras alrededor del domicilio de la Vicepresidenta”.

“También se está requiriendo sobre el inicio de una investigación administrativa tendiente a investigar la actuación del personal policial, en especial determinar responsabilidades en relación a los hechos de público conocimiento”, sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, la Defensoría solicitó las características del operativo de seguridad desplegado, cantidad de personal policial afectado como el equipamiento que éste portaba y el utilizado, y la cantidad de personas aprehendidas con indicación de la autoridad judicial interviniente.

Finalmente, afirmaron su compromiso para continuar trabajando en el monitoreo del accionar de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

“Partiendo de la premisa de que la fuerza de seguridad es una institución que forma parte del estado de derecho, depositaria del poder coercitivo del estado y que cada uno de sus integrantes detentan innumerables atribuciones que deben ejercerse en el marco de los límites legales a fin de no cometer abusos ni excesos que lesionen derechos”, concluye el comunicado.