Continua el escándalo en varios municipios de la provincia con Cecaitra. Al tratarse de una contratación directa, las multas serían ilegales. Por la denuncia removerán funcionarios nacionales, y avanza una causa judicial en Morón.
Un entramado político-empresarial fue denunciado en los últimos días ante la Justicia del partido de Morón, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Dirección Provincial de Seguridad Vial por contratar un amañado sistema de fotomultas en diferentes caminos y rutas del vasto territorio bonaerense.
Al menos nueve municipios de la provincia, entre ellos Morón, Castelli, Dolores, Exaltación de la Cruz y Tigre, entre otros, contrataron en forma directa a una supuesta Cámara, denominada Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), la cual coloca equipos para labrar fotomultas de manera clandestina, de acuerdo a las diferentes presentaciones a las que tuvo acceso este medio.
El hecho puede escalar al extremo de transformar en “ilegales” todas las fotomultas confeccionadas y enviadas a los supuestos infractores por esta Cámara, debido a que esta realizó contrataciones directas con los municipios en una franca violación a todos los procesos licitatorios. Según aseguran las presentaciones judiciales y administrativas, es altamente probable que si una multa fue hecha por Cecaitra no haya que pagarla.
Cecaitra aglutina a una sola compañía, aunque, de acuerdo con diversas fuentes del sector, se presenta como una Cámara. En otras palabras, la supuesta Cámara es en verdad una empresa, la cual en este caso es comandada por un empresario tigrense, Bernardino García, quien supo tener estrechos vínculos con la otrora cuestionada Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Según consta en las denuncias, históricamente, Cecaitra era contratada por diversos municipios para confeccionar fotomultas a través de un acuerdo con la UTN. Este acuerdo, sin embargo, se cayó en 2019, luego de que la Universidad informara que le daba de baja al convenio por “irregularidades” de esta supuesta Cámara. Así consta en el comunicado que la casa de altos estudios le envió al Municipio de General Pueyrredón de Mar del Plata, y también en la presentación que obra en la oficina de la Dirección Provincia de Seguridad Vial.
En una serie de correos electrónicos a los que tuvo acceso este medio, se les indica a los municipios cómo hacer la contratación directa con Cecaitra sin pasar por la Universidad, y sin ningún proceso licitatorio.
“Es una descripción de cómo hacer trampa; o, en otras palabras, de cómo cometer un delito“, describió un jefe comunal a este portal.
Gran parte de esta documentación obra en poder de la Justicia de Morón. Precisamente, en ese partido la administración saliente de Ramiro Tagliaferro avanzó en un acuerdo directo con Cecaitra, que a todas luces asoma como ilegal. De allí el proceso judicial en marcha.
Otro intendente reveló también a NewsDigitales que recibió presiones de un “tal Sebastián Alvarez”, quien “hablaba en nombre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial” para contratar a Cecaitra.
El asunto no es menor. De hecho, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, ya recibió una carta formal a través de la cual se describe un típico caso de trabajo “a dos lados” del mostrador. En otras palabras, un conflicto de intereses. En concreto, se describe cómo dos funcionarios de la Agencia de Seguridad Vial trabajaban para Cecaitra y ahora convalidan, promocionan y hacen convenios a favor de esa cámara desde la función pública. “Similar a lo que hacía Aranguren cuando estaba en Shell y en el Ministerio de Energía durante el Gobierno de Macri“, graficó la fuente.
Según la denuncia a la que ya dio curso el ministro Meoni, los funcionarios en cuestión son Pablo Martínez Carignano y Martín El Tajam, máximos referentes de la mencionada Agencia de Seguridad Vial. “En plena pandemia, lo primero que hicieron fue firmarles un convenio a Cecaitra para que hiciera fotomultas“, abundó la fuente.
En Morón, incluso, se sospecha que el exintendente Tagliaferro, en connivencia con Cecaitra, colocaba cámaras en lugares “inconvenientes” con el único propósito de “cazar” infractores, y así incrementar la recaudación. “No tenían ningún efecto sobre la seguridad vial“, explicaron en la actual administración comunal, que retiró los equipos cuestionados. Por tal motivo, parte de esas multas son ilegales. “Está viciado su origen, por cómo se hizo la contratación y porque están ubicadas en lugares sin ningún tipo de señalización”, explicó la fuente.
Algunos intendentes, como los de Dolores, Castelli, Exaltación de la Cruz o Tigre, podrían quedar complicados judicialmente por esta contratación en forma directa, según dicen las presentaciones judiciales y administrativas a las que accedió este medio. Por el momento, se cree que correrán a los funcionarios que celebraron convenios en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, pugnará para que las contrataciones directas con Cecaitra queden sin efecto, de manera que los supuestos infractores no sigan pagando multas “ilegales“.