El exintendente de Morón por el PRO y exmarido de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, complicó económicamente al municipio. Los vecinos accionarán legalmente contra la empresa prestadora del servicio.

El exintendente de Morón por el PRO, Ramiro Tagliaferro, realizó una contratación directa con la Cámara de Empresas de Control y Administracion de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) para la aplicación de multas en el municipio que comandaba durante su gestión. Sin embargo, esa contratación directa debería haberse acompañado por una entidad pública, ya que este es el único camino legal para que la contratación directa sea efectiva y pueda llevarse adelante.

Ahora, los vecinos de la localidad de Morón se ven visiblemente afectados por las fotomultas que reciben: no sólo por los exorbitantes montos de las mismas -pasar un semáforo en rojo hoy cuesta más de 70 mil pesos-, sino porque estas no serían legales. Por tal motivo, se organizaron para realizar los reclamos ante la Justicia municipal y provincial.

Desde el municipio de Morón admiten que las arcas municipales podrían verse afectadas si la Justicia determina que las fotomultas realizadas y cobradas durante ese período de contratación directa eran ilegales, toda vez que un porcentaje de esa sanción se lo quedaba el municipio. En la mayoría de los contratos, el porcentaje de recaudación que quedaba para el municipio es del 30%.

«Tagliaferro tenía una oficina de recaudación ilegal. Tenía montada una administración paralela para la recaudación ilegal y recaudaba para la política y para su vida personal«, señaló al portal Politicaonline.com el secretario de Gobierno de Morón, Diego Spina.

Esto no solo está sucediendo en Morón: los municipios de Dolores, Ituzaingó, Exaltación de la Cruz, Castelli y Pilar, entre otros, también hicieron una contratación directa con CECAITRA. En Pilar, el exintendente Nicolás Ducoté también se asoció al mismo esquema de contratación directa, y recibió fuertes críticas del Concejo Deliberante por haber contratado a CECAITRA de la misma manera.

El problema también se extendió a la gestión de Carlos Arroyo (Juntos por el Cambio) en el municipio de Mar del Plata. Allí, fue tal el escándalo que sacudió a la gestión de la municipalidad a raíz de las denuncias sobre irregularidades por parte de CECAITRA, que debió suspenderse el contrato con la empresa por parte del Consejo Deliberante de dicho municipio.

Quienes conocen a CECAITRA aseguran que más que una cámara, es una empresa. Su presidente es Bernardino García, quien ya fue denunciado durante el gobierno de María Eugenia Vidal por irregularidades en el cobro de fotomultas.

Las contrataciones directas son la alternativa más sencilla para que un servicio en cualquier localidad pueda ser efectivizado rápidamente, y se encuentra dentro de la Ley de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires, siempre que la contratación directa esté asociada a una entidad pública. Por tal motivo, CECAITRA se asociaba a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que -al ser una entidad pública- allanaba el camino para una contratación directa por parte de los municipios.

Pero en 2019, y debido a las innumerables polémicas que trajo CECAITRA en cualquier municipio en el que aparecía para ofrecer sus servicios, la UTN rescindió el convenio. Sin embargo, algunos municipios mantuvieron sus contrataciones con la empresa. Y allí es donde aparecieron las contrataciones directas irregulares.

No solo las denuncias de contratación directa por parte de CECAITRA recibidas en los municipios son las que están alertando sobre la forma de realizar negocios con el el estado por parte de la Cámara de Empresas de Control y Administracion de Tránsito. Actualmente, existe una denuncia en el Ministerio de Transporte de la Nación para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial tome medidas con Pablo Martínez Carignano y Martín El Tajam, quienes se encontrarían de ambos «lados del mostrador».

Tanto Carignano como El Tajam no responden a la gestión de Mario Meoni, y vienen desde hace años ocupando lugares en la cartera de transporte. Según la denuncia que trascendió, serían personas las que trabajan para CECAITRA y le brindaron a la empresa un convenio que ahora es cuestionado.

De comprobarse la denuncia sobre el hecho de que los dos funcionarios trabajan para CECAITRA dentro del organismo nacional que justamente se encarga de controlar los sistemas de fotomultas en todo el país, los involucrados se encontrarían en una posición más que inadecuada.