El juez Javier López Biscayart pidió informes a distintos organismos del Estado y accedió a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial para evitar que la investigación por contrabando de armas a Bolivia, contra el expresidente Mauricio Macri, se paralice durante las dos semanas de feria judicial.

El Juez en lo penal económico Javier López Biscayart levantó la feria judicial y ordenó las primeras medidas de prueba para investigar la denuncia del Gobierno contra el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por el supuesto envío de municiones a Bolivia durante el final de su mandato.

Las medidas de prueba que dispuso López Biscayart incluyen pedidos de informes a la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Por el momento, no hizo requerimientos a Bolivia.

El pedido para “habilitar” la feria judicial lo presentó el fiscal Claudio Navas Rial el viernes pasado, el mismo día que impulsó la investigación de este caso e imputó a Macri, dos de sus ministros (Patricia Bullrich y Oscar Aguad), el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y tres miembros de Gendarmería de alto rango.

También avanza otra causa por los mismos hechos. La presentó el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, pero no está claro todavía en qué juzgado.

La denuncia contra Mauricio Macri

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.

La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”.

Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

La información ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Patricia Bullrich envió a Bolivia a un grupo de gendarmes, del escuadrón especial Alacrán, que tenía como objetivo custodiar la embajada.

Las municiones enviadas a Bolivia no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Carlos Miguel Recalde, exdirector de Operaciones de Gendarmería y uno de los imputados por Navas Rial.

La semana pasada Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la policía boliviana. Esta mañana, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de ese país, Carlos Eduardo Del Castillo exhibió balas de goma que, según informó, son parte de las “26.900 balas antitumulto que fueron encontradas”.