La organización Amnistía Internacional reclama a las autoridades de la provincia de Formosa que todas sus medidas para combatir la pandemia del COVID-19 sean respetuosas de los derechos humanos.

La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por las denuncias recibidas por la violación a los derechos humanos que tendría lugar en los CAS de la provincia de Formosa, entre ellas que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19, lo cual las expone al contagio.

En una carta dirigida a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la organización pidió la intervención de las autoridades nacionales para garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos.

En muchos casos, a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.

La duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares. Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS.

Los CAS estarían custodiados las 24 horas por personal policial, mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día.

Los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.

Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente. Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses.

Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública.  La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Estos hechos se suman a las múltiples denuncias de los últimos meses contra Gildo Insfrán Gobernador de la provincia de Formosa por la implementación de medidas para evitar la propagación del COVID-19 que han vulnerado los derechos humanos.

Amnistía Internacional además realizó meses atrás varias  presentaciones para denunciar la situación de las más de 8.500 personas varadas sin poder regresar a la Provincia luego de más de 7 meses de declarada la emergencia sanitaria.