La jueza consideró que se vieron afectados los derechos constitucionales fundamentales de los detenidos como el de protesta y la libertad de expresión.
Luego de los serios incidentes registrados ayer en la marcha de los jubilados, la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la liberación de 94 de los 124 detenidos por los efectivos de seguridad. La detenciones se habían producido en el marco de la manifestación de las personas de la tercera edad apoyados por hinchas, barrabravas y otras organizaciones, frente al Congreso de la Nación. La decisión se tomó luego de analizar la información disponible y considerar que se veían afectados derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta y la libertad de expresión.
La magistrada analizó la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
“En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial“, fundamentó en su decisión. “Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia“, sentenció.
En este sentido Andrade dispuso “la inmediata soltura de los detenidos“, ya que iba a reportarse una larga demora en las liberaciones porque la unidad de flagrancia pretendía realizar un operativo de salud con médico legista con cada uno de los aprehendidos.
El dictamen contrastó con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había afirmado durante un reportaje televisivo que “los más de cien detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión” gracias a la “nueva ley antimafia” que se promulgó hace tres días tras su aprobación en el Congreso.