El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la toma de terrenos y prometió planes de vivienda que estarán vigentes cuando termine la pandemia

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció el problema de la ocupación de tierras en la provincia y aseguró que hay “muchas dificultades para avanzar en las soluciones” de la ocupación. Además insistió:Tiene que haber una respuesta del Estado, pero enfatizó en que “hay una necesidad” habitacional persistente.

En este sentido, el mandatario contempló que “puede ocurrir” que haya ciertos intereses políticos implicados en la toma de tierras que ocurre en la provincia. Asimismo mencionó que desde la gestión de Juntos por el Cambio “habían dejado muchas casas sin terminar en la provincia, algunas en últimos cuatro años”.

En medio de la problemática, nuevamente se suma la polémica entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia, precedidos por Sabina Frederic y Sergio Berni, respectivamente. Horas atrás, en entrevistas radiales, Berni había declarado que “el que toma tierras irá preso”, por su parte Frederic tiene una postura diferente y enfatizó en que “la toma de tierras no es un tema de seguridad”, sino que es una problemática de déficit habitacional. Otro de los funcionarios que tomó partido sobre la toma fue Sergio Massa quien pidió que las tomas sean desalojadas.

“Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución” resaltó Kicillof. Y agregó: “Ni bien podamos vamos a anunciar los planes de viviendas. La pandemia demora las posibilidades porque ni siquiera se puede autorizar la construcción”

En tanto los intendentes, culpan a la Justicia por la falta de acción en los desalojos, debido a un protocolo que demora los mismos una vez consumados. La resolución se dictó en abril y dispone un “protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad