Sueldos misarebles, oferta irrisoria y recorte del presupuesto, entre otras razones.

La marcha universitaria no es política como intentan instalar desde el gobierno, sino la reacción a un ajuste brutal de los salarios que afecta el funcionamiento de las universidades de todo el país. Para entender el conflicto es necesario conocer estos datos:

En los primeros 8 meses del año, las transferencias a universidades cayeron un 30,1% en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) contra el mismo periodo de 2023. Además, el Gobierno no realizó transferencias de capital.

Sueldos bajos

Desde noviembre de 2023, los salarios docentes universitarios cayeron un 23,7% en términos reales. Un informe académico además señala que nuestro país tiene uno de los salarios universitarios más bajos de la región.

Bajo estos parámetros, el salario docente universitario en la Argentina es de US$ 1.124, por debajo de países como Brasil (US$ 4.231), Uruguay (US$ 3.443), Ecuador (US$ 2.786), Chile (US$ 2.318), Bolivia (US$ 2.170), Perú (US$ 2.155), Paraguay (US$ 1.870) y Colombia (US$ 1.703), entre otros.

De acuerdo con los datos de la Conadu, el salario bruto (es decir, antes de la aplicación de descuentos) de los docentes universitarios aumentó en agosto un 76% con respecto a diciembre de 2023. Este incremento es inferior a la inflación registrada entre diciembre y agosto, que fue del 94,8%, según el INDEC.

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Es por esto que los sueldos docentes de este nivel perdieron poder de compra en este período. Al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación, en agosto de 2024 la caída fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023. Si la comparación se hace contra noviembre de 2023, la caída es del 23,7% en términos reales.

Por ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad cobró en agosto de 2024 un salario bruto de $ 232 mil, mientras que en diciembre de 2023 percibía $ 132 mil.

La irrisoria propuesta

La semana pasada, el Gobierno convocó a una reunión paritaria donde ofreció un 5,8% de aumento adicional al 1% ya establecido para el personal docente y no docente a implementarse en octubre, lo que fue rechazado por los gremios docentes.

Más recortes

Al igual que en otros sectores de la administración pública, el Gobierno también recortó los gastos de capital en las universidades. Son las obras públicas o los gastos en infraestructura.

Según la Conadu, el presupuesto inicial, prorrogado de 2023, era de $ 31.914 millones. En este caso, las partidas no sólo no fueron actualizadas por inflación, sino que además sufrieron recortes: en abril el Gobierno le restó $ 165 millones al presupuesto. De todas formas, en los primeros 8 meses del año la ejecución presupuestaria en transferencias de capital para universidades fue nula.