Pepín Rodríguez pidió refugio en Uruguay y la jueza Servini ordenó su captura internacional. También dispuso la inhibición general de todos sus bienes
La jueza María Servini ordenó este miércoles la captura internacional de Pepín, (Fabián Rodríguez Simón) a los fines de tomarle declaración indagatoria. También dispuso la inhibición general de todos sus bienes. La decisión de la jueza es consecuencia directa de la movida que hizo “Pepín”, señalado como operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, cuando anunció que pedía asilo político en Uruguay.
La jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Así dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y conjuntamente con el Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Se resolvió “librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.
La orden de la jueza incluyó además un congelamiento sobre sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes. También se dispuso el levantamiento del secreto bancario que “arbitre los medios necesarios para notificar las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”. Se instó al Presidente del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce que “arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional”.
“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”
El fallo fue comunicado al ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá para que notifique a las autoridades del Parlamento del Mercosur: Pepín es diputado del Parlasur. La Corte resolvió en 2016 que los legisladores del Parlasur no tienen fueros, en una campaña que promovió Cambiemos. Rodríguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia que promovió el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido.
De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También se dispusieron cruces telefónicos.
En marzo, cuando apenas llegaron los cruces telefónicos de Pepín que la jueza Servini ordenó para citarlo a indagatoria, el mismo día en que Macri reaparecía con el lanzamiento de su libro “Primer Tiempo”. En esos cruces telefónicos aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio -entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019- con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”.
Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraba 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa (el juez fue al casamiento de la hija de Rodríguez Simón). Las escuchas de las comunicaciones incluían una segunda parte con más involucrados de la causa, entre ellos el propio Macri. Fue una discusión compleja entre las partes hasta que la Cámara Federal entendió que se podía estudiar los telefónicos del ex presidente y otros en ciertas fechas claves que sostiene la denuncia. La defensa de Macri y otros impugnaron esa decisión pero la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último planteo para cuestionar esa prueba.