El hermano de Santiago Maldonado, destacó que, si bien la Corte rechazó sus reclamos, “reconoció que la causa por desaparición forzada está abierta y debe continuar la investigación”.
“La Corte Suprema dijo en su fallo que, como no hay sentencia definitiva, los planteos realizados por la familia en relación a la sentencia de la Cámara de Casación Penal no pueden ser escuchados”, expresó Verónica Heredia, abogada de Sergio Maldonado, hermano de Santiago.
A su criterio esto implica que “hay una causa que no concluyó y en ese marco hay que cumplir la sentencia de la Cámara de Casación”.
Con la firma de los cuatro ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte consideró que debía rechazar los pedidos de la familia Maldonado puesto que “el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
En octubre de 2021, Maldonado y Heredia se habían presentado ante el máximo tribunal para pedir un “pronto despacho” ante la falta de respuesta a los recursos de queja que habían planteado un año y siete meses antes.
El mayor de los Maldonado dijo ante las personalidades que lo acompañaron en la escalinata de Tribunales –Madres de Plaza de Mayo, Sipreba, la Internacional Progresista, La Garganta Poderosa, Correpi, Matías Aufieri, Charly Pisoni, Juan Grabois, Taty Almeida y Pablo Vasco, entre otros– era necesario “un nuevo juez que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada en la causa de Santiago”, quien desapareció el 1 de agosto de 2017 durante la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen.
“Creemos indispensable la asignación de otro magistrado que lleve adelante una nueva investigación luego de que el juez Gustavo Lleral se haya expresado públicamente diciendo que él no es un juez imparcial en esta causa”, había dicho Maldonado en aquella oportunidad.
Será tarea ahora de las instancias inferiores sacar al expediente de la parálisis en que se encuentra, la cual no impidió que surgieran pruebas importantes como el testimonio de una ex empleada civil de Gendarmería que afirmó haber escuchado de los gendarmes decir que habían detenido a “un hippie”, que “se les había ido” y que estuvo en el destacamento que esa fuerza tiene en la estancia de Benetton.
Uno de los recursos que la Corte rechazó se refiere a la utilización en el expediente de las intervenciones telefónicas a la familia y entorno de Santiago, incluido el mismo Sergio, que el Ministerio Público Fiscal estima como prueba válida.
La otra queja es contra el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, quien participó del operativo represivo que terminó con la muerte de Maldonado. “La causa se llama ‘Echazu, Emmanuel s/desaparición forzada de persona (artículo 142 ter) querellante: Sergio Maldonado y otros'”, recordó la abogada Heredia.
Y propuso un razonamiento que fue volcado en el sitio Justicia por Santiago Maldonado, a partir de lo que dijo la Corte: hay que cumplir con la sentencia de Casación, que dijo que existe un cúmulo de medidas de prueba pendientes, las que podrían comprender, incluso, entre otras, el análisis de actuaciones conexas o vinculadas con el objeto procesal de las presentes, como por ejemplo las investigaciones relacionadas con la presunta ilegalidad del ingreso de Gendarmería Nacional al Pu Lof, y por lo tanto la responsabilidad política del anterior gobierno.
También dijo que se pueden solicitar todas las medidas de prueba necesarias a medida que avance la exploración de lo ocurrido, que hay que designar un juez para continuar la investigación.
Heredia recordó que han presentado “todos los recursos que el ordenamiento jurídico argentino prevé para pedir una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y pronta a fin de conocer qué le sucedió a Santiago desde el 1 de agosto de 2017”.
Ante las dilaciones y maniobras que han puesto la causa en un virtual pantano, la familia de Maldonado aguarda la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las observaciones de fondo que presentó en ese tribunal internacional, el mismo que en 2011 condenó al Estado argentino por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres Millacura.