También reclamó la inhabilitación perpetua para el ejercicios de cargos públicos.
Era sabido: finalmente el fiscal Diego Luciani pidió este lunes 22 de agosto una pena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para el ejercicios de cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Luciani alegó durante nueve jornadas y reclamó una pena para la vicepresidenta y los demás acusados en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
“El estado es la víctima de estos delitos. La ciudadanía entera fue la víctima de los abusos del poder. La sociedad indefensa mira hoy a los fiscales y jueces como la última esperanza frente a estos atropellos. El fiscal es garante del estado de derecho”, dijo el fiscal.
“Cristina Fernández ostentaba la máxima jerarquía y usó sus competencias y poder para alcanzar el lucro final de esta maniobra”, aseguró el fiscal, quien acusó a la vicepresidenta de “priorizar el interés personal sobre el interés público” y “defraudar a la sociedad”.
Además, el fiscal respondió al presidente Alberto Fernández a quien acusó de “encabezar una injerencia indebida en el Poder Judicial”. “Las decisiones en materia de contratación pública no es revisable en los tribunales”, remarcó.