La decisión de desregular los alquileres empeorará la situación de los inquilinos. Los contratos no tendrán un plazo mínimo, se podrá aplicar cualquier tipo de aumento y hasta exigir el pago en moneda extranjera. Testimonios de los que sufren este problema.
El Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina es de 156 mil pesos. Un empleado de comercio cobra un básico de 397 mil pesos, un maestro en la provincia de Buenos Aires $ 265 mil y un oficial de policía llega a $ 290 mil. Ninguno de ellos estaría en condiciones de afrontar el pago de un alquiler en las principales ciudades del país, donde una vivienda básica para una familia tipo cuesta entre 300 y 600 mil por mes.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, entre otros derechos, el de acceder a una vivienda digna. En Argentina no solo no hay créditos hipotecarios, sino que los ocho millones de argentinos que alquilan –según datos del último censo nacional– viven una situación dramática que encima se agrava cada vez más con el paso del tiempo.
En la actualidad, la falta de oferta, los abusos de las inmobiliarias y las condiciones inescrupulosas de muchos propietarios obligan a los inquilinos a tener que aceptar cualquier condición ante el miedo de un desalojo o la posibilidad de terminar en la calle. “Sin valor de alquiler por el momento”, es la respuesta más común de los agentes inmobiliarios, en un momento en que los precios cambian día a día.
Según los datos del último censo, un total de 31.412.314 (68,9%) personas viven en viviendas particulares propias y 7.925.280 (31,1%) alquilan. Antes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, que terminará de un solo plumazo con la ley de alquileres sancionada en octubre pasado cuando entre en vigencia, el mercado imponía condiciones ilegales de todo tipo. Desde fijar un precio mensual en dólares hasta firmar contratos por un año con la condición de renunciar previamente para volver a negociar el monto de alquiler.
La situación para los inquilinos –está claro– no va a cambiar en lo inmediato, básicamente porque hace tiempo que la mayoría de las inmobiliarias no respetan la ley. La derogación, entre otras cosas, implica que los nuevos contratos se rijan por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, el plazo del acuerdo de locación lo deberán fijar las partes sin un plazo mínimo legal. Puede ser un año, dos o tres. Lo que decida el propietario, claro.
En cuanto a los montos, habrá libertad absoluta para establecer el precio de alquiler que imponga el mercado, la moneda y hasta los ajustes por inflación que desde este jueves pueden ser mensuales.
Actualmente, las inmobiliarias cobran una comisión equivalente a dos o tres meses de alquiler, una garantía propietaria y dos recibos de sueldo. También facturan por gastos de sellos y contratos.
“Si uno alquila, sí o sí tiene que trabajar y, si el alquiler avanza sobre nuestro salario, e incluso tenemos la desgracia de perder el trabajo, la decisión será si comemos o tenemos un techo. No creo que esa sea la solución para 8 millones de argentinos”, afirmó, sin ocultar su preocupación, Maximiliano Vittar, referente del Movimiento Nacional de Inquilinos, en declaraciones radiales.
En la misma dirección, Vittar agregó: “El DNU no expresa el diálogo y el consenso que tiene que haber para arribar a soluciones que no perjudiquen aún más la situación de los inquilinos”.
“El decreto modificó a tantas personas que sería un error hacer un reclamo por sector. Tenemos que unirnos y confluir con organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales para interpelar al Gobierno y a la dirigencia política en su conjunto para que construya algo que no genere un retroceso o que nos empuje a nosotros, particularmente, a la calle”, señaló el referente del sector de inquilinos, en declaraciones radiales.
Los inquilinos que viven en la ciudad de La Plata, por ejemplo, tienen que afrontar gastos que promedian los 600 mil pesos solo para ingresar. Un departamento de dos ambientes en el centro promedia los 200 mil pesos y una casa en las afueras ronda los 400 mil pesos. ¿Cuántas familias pueden afrontar esos valores?
En la capital provincial, además, la oferta es tan reducida que encontrar un cartel con la palabra “alquila” es más difícil que estacionar el auto en el Microcentro, en plena hora pico. “Es tanta la demanda que no vale la pena colocar un aviso porque por lo general el inmueble se alquila a las pocas horas”, reconocen desde una de las principales inmobiliarias de la “Ciudad de las Diagonales”.
De todas maneras, desde el sector inmobiliario no solo ven con buenos ojos el DNU impuesto por Javier Milei, sino que confían en su pronta reactivación. “Los agentes aceptan las condiciones que exigen los propietarios sabiendo su ilegalidad con tal de obtener su comisión. Si antes la mayoría de los avisos en los sitios de búsquedas como Zonaprop o InmoBúsqueda exigían el pago en dólares y contratos por un año, la derogación la nueva ley de alquileres solo servirá para empeorar la situación de los inquilinos”, asegura Andrés R., un empleado que hace más de dos meses busca un nuevo hogar para su familia en La Plata porque el dueño del departamento le anunció que no quiere rentarlo más.