Los cuerpos fueron hallados en el marco de un allanamiento a una clínica de Monserrat, luego de que los vecinos se quejaran de olores nauseabundos
Siete cuerpos en estado de descomposición fue el macabro hallazgo que hicieron la tarde de este martes los efectivos de la división de Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, en el marco de un allanamiento llevado a cabo en un sanatorio del céntrico barrio porteño de Monserrat.
Fueron los vecinos quienes radicaron la denuncia ante el olor nauseabundo que salía del Sanatorio Ramón Cereijo, ubicado en Lavalle al 1686 y perteneciente a la red BASA, que afectaban a las viviendas linderas y perjudicaban las condiciones medio ambientales. Ante eso, se desplazaron hasta el lugar los numerarios con una orden de registro solicitada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), interinamente a cargo de Hernán Biglino y, al llegar, corroboraron lo que venían diciendo los frentistas.
De acuerdo a los voceros oficiales consultados, había siete cadáveres en la cámara de frío en avanzado estado de descomposición y la sospecha es que la cámara mortuoria había dejado de funcionar hacía ya varios días. Los decesos de todas esas personas, se informó, fueron por causas naturales y había uno que llevaba un mes allí.
Ante eso, los efectivos procedieron a retirar los cuerpos para evitar que afecte al resto de los pacientes y a la salud pública. En ese sentido, la fiscalía actuante dispuso que el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección General de Control Ambiental de la Ciudad (DGCONTA) realicen informes sobre la correcta guarda de los restos, acorde a los protocolos vigentes. Tras el aviso a los familiares de los occisos, ahora se busca reubicarlos en otro establecimiento en condiciones o, de lo contrario, se los alojará provisoriamente en la Morgue Judicial.
En tanto, durante el procedimiento se supo que el establecimiento médico funcionaba a pesar de la vigencia de una clausura impuesta por la DGCFyC el 21 de septiembre de 2021. Se dispuso así el cese de la actividad de la clínica, con la clausura preventiva, y se secuestró documentación de interés y elementos de las maniobras ilícitas constatadas.
Tanto el director del sanatorio como la persona jurídica que explota el establecimiento fueron imputados en la causa.
