El abogado de la familia del hombre de 92 años fallecido confirmó que demandará al hospital por el delito de desobediencia y también de homicidio culposo, tras negarse a suministrarle dióxido de cloro.

El abogado de la familia de Oscar Jorge García Rúa, el hombre de 92 años que tenía coronavirus, pidió tratarse con dióxido de cloro y murió en las últimas horas, confirmó que demandará al Sanatorio Otamendi por el delito de desobediencia y “posiblemente, en el delito de homicidio culposo”.

El caso sienta un peligroso precedente en la lucha contra la pandemia, con sectores cada vez más radicalizados que se oponen a la ciencia y difunden teorías que la ciencia refuta y que terminan costando vidas.

“Apuntamos contra el sanatorio porque se negó a cumplir con la manda judicial y entendemos que la demora terminó provocando la muerte a raíz de una infección hospitalaria”, sentenció el abogado Martín Sarubbi esta mañana en diálogo con TN. La familia fue a la Justicia y obtuvo un fallo favorable que obligó a la clínica a darle la sustancia.

Según los abogados de la familia, “el Sanatorio Otamendi se negó a hacer la práctica médica” con el dióxido de cloro y confirmaron que, luego del pedido de la Justicia, pudo realizarse el tratamiento. Sarubbi afirmó que “hubo una franca mejoría en lo que tiene que ver con el cuadro de Covid-19”, aunque luego se contradijo completamente y dijo que eso se sabrá una vez que se investigue.

Sarubbi consideró que, aunque el Hospital Otamendi apeló, “estaba obligado a oír la demanda judicial”. “Por eso creemos que se constituyó el delito de desobediencia y es lo que vamos a pedir a la Justicia que se investigue”, explicó. Además, como el sanatorio “no les brinda información”,  pedirán “la realización de una autopsia y que se ordene el allanamiento y el secuestro de la historia clínica”.

El dióxido de cloro no tiene eficacia demostrada y no cuenta con la autorización de la ANMAT. Incluso el año pasado desde el organismo indicaron las graves consecuencias al ingerir o inhalar el compuesto químico. A pesar de eso, hasta sectores políticos de la oposición fomentan el consumo de este producto.

De todas formas, los abogados de la familia García Rúa se justificaron diciendo que fue un tratamiento “de uso urgente“: “La Justicia no fue por sobre la medicina, sino que tuvo en cuenta el informe médico y sobre todo, estrictas razones humanitarias que surgen a partir de instrumentos internacionales de derechos humanos”, explicaron.

Con respecto a sus afirmaciones sobre una supuesta mejoría del paciente una vez que se lo trató con dióxido de cloro, el abogado argumentó diciendo que “la información surge de las certificaciones de la propia historia clínica”.

“A partir del tratamiento con ibuprofeno y con dióxido de cloro comenzó a saturar correctamente, alrededor del 98%, y las secreciones pulmonares mejoraron notablemente en corto plazo”, afirmó Sarubbi, y contó que esto “es lo que nos informan nuestros médicos: en la causa figura la mejoría”.

“Yo no estoy diciendo que el dióxido de cloro funciona o no funciona. No hay evidencia física a favor o en contra. Lo que si requerimos a la Justicia es que determine si el tratamiento tuvo efectos adversos o no. No descartamos ninguna hipótesis“, finalizó diciendo el letrado, que busca demandar al Otamendi y se contradijo completamente al decir que aún no saben realmente cuáles fueron los efectos del tratamiento con dióxido de cloro. “Queremos saber cuales fueron las causales de muerte y cuales fueron los efectos del tratamiento”, cerró.