¿Hasta dónde llegó el agro en el Congreso?: Radiografía del “lobby criollo"

La relación entre el agro y la política argentina empezó a cambiar a partir del conflicto por la Resolución 125, en 2008. De aquella crisis surgió Fundación Barbechando y, con ella, una estrategia para que el sector pudiera dejar atrás la lógica de la reacción y construir una presencia permanente en el Congreso. Casi dos décadas después, la pregunta es hasta dónde llegó ese proceso.

El interrogante volvió a aparecer durante el XXXIV Congreso Aapresid, realizado en Rosario, donde Barbechando participó de dos paneles destinados a analizar el vínculo entre el agro y la política. Allí, la experiencia de Brasil funcionó nuevamente como espejo para evaluar el camino recorrido por Argentina y los desafíos que todavía persisten.

El caso brasileño resulta especialmente atractivo porque el sector logró convertir su presencia institucional en una herramienta permanente de incidencia. El Instituto Pensar Agropecuária (IPA), integrado por más de 57 organizaciones, funciona como soporte técnico del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que reúne a legisladores de distintos espacios.

Legisladores y dirigentes rurales debatieron en AAPRESID

La experiencia que llevaron los referentes brasileños al Congreso Aapresid puede resumirse en una idea: el poder del agro no está solamente en la cantidad de legisladores cercanos, sino en su capacidad para ponerse de acuerdo, producir información y sostener una agenda común frente al Parlamento.

Una construcción que ya tiene estructura

Argentina está lejos de estar en el punto de partida. Desde aquel 2008, la relación entre las entidades agropecuarias y el Congreso fue adquiriendo mayor institucionalidad. Hoy, el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA) reúne a unos 70 diputados y senadores nacionales de distintos partidos, mientras que el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CEABI) articula a las principales organizaciones de las cadenas productivas.

A eso se suma una nueva camada de legisladores con vínculo directo con la actividad agropecuaria. Según Barbechando, son 22 los representantes del Congreso actual que tienen una relación directa con el campo.

Pero el dato más importante no está necesariamente en los números. El cambio de fondo es que el agro consiguió construir canales permanentes de diálogo con la política, algo que era mucho más incipiente durante el conflicto de 2008.

Ángeles Naveyra, presidenta de Barbechando, destacó durante el encuentro dos objetivos que forman parte de esa construcción: aportar información científica para la toma de decisiones y ayudar a que la política comprenda la complejidad de los temas productivos.

La organización que nació al calor de la pelea por la 125 busca así consolidar una etapa distinta: que el sector no se limite a reaccionar ante una medida que considera perjudicial, sino que pueda anticipar discusiones y generar propuestas legislativas.

La prueba está en la agenda

Una forma de medir cuánto avanzó esa construcción es mirar qué temas consiguió instalar el agro en el Congreso.

Retenciones, semillas, biocombustibles, fertilizantes, fitosanitarios, fertilidad de los suelos, infraestructura, promoción ganadera y seguros forman parte de una agenda que ya está presente en el debate parlamentario

También aparecen cuestiones que exceden estrictamente la producción, pero que impactan sobre el sector, como la discusión por la inviolabilidad de la propiedad privada, el futuro del INTA, el uso de banquinas y los regímenes de promoción e incentivos a la inversión.

En ese escenario, la discusión sobre los derechos de exportación ocupa un lugar central. El reclamo por una reducción o eliminación de las retenciones dejó de ser solamente una demanda sectorial y pasó a formar parte de una discusión legislativa sobre el esquema productivo y exportador argentino.

Lo mismo sucede con otros proyectos que el sector considera estratégicos. La Ley de Semillas, la regulación de fitosanitarios y una nueva normativa para los biocombustibles forman parte de una agenda que busca darle previsibilidad y competitividad a las cadenas agroindustriales.

Durante el panel de Aapresid, el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Martín Ardohain, puso el foco justamente en esa ventana política. “Estuvimos 20 años castigados y hoy tenemos la oportunidad; si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?”, planteó.

Brasil, el espejo y lo que falta

La comparación con Brasil permite poner en perspectiva el recorrido argentino. Daniel Vargas, de la Fundación Getulio Vargas, sostuvo durante el encuentro que el desarrollo del agro brasileño no fue producto de un milagro, sino de una construcción institucional.

Esa es, precisamente, la discusión que queda abierta para Argentina. El agro ya tiene interlocutores, una red de legisladores, entidades que trabajan de manera coordinada y una agenda propia. Lo que todavía está en juego es si puede transformar esa estructura en políticas de Estado.

Fabíola Nader Motta, del Sistema OCB, planteó una de las claves del modelo brasileño: cuando cada organización lleva por separado sus pedidos al Parlamento, pierde fuerza; cuando el sector identifica sus puntos en común, aumenta su capacidad de incidencia.

El desafío argentino pasa entonces por consolidar ese proceso iniciado hace casi veinte años. No se trata de construir una bancada agropecuaria ni de eliminar las diferencias entre las entidades, sino de lograr que una parte sustancial de la agenda productiva pueda sostenerse más allá de los gobiernos y de las coyunturas.

La pregunta que dejó el Congreso Aapresid, en definitiva, no es si el agro tiene presencia en el Congreso. La tiene. El interrogante es cuánto le falta para que esa presencia se convierta, como en Brasil, en una estructura capaz de transformar de manera sostenida las demandas del sector en políticas de Estado.