Revés para el campo: la Justicia apoyó el uso de la tasa vial para salud y educación

La Justicia Contencioso Administrativa rechazó una demanda presentada por la Sociedad Rural de Azul y un grupo de productores contra el municipio bonaerense que conduce el intendente camporista Nelson Sombra.

El litigio fue iniciado por los ruralistas a raíz de dos fondos financiados con recursos vinculados a la Tasa de Conservación de la Red Vial: un 15% destinado a salud y un 4% para educación.

La entidad agropecuaria cuestionó que esos recursos se utilizaran para servicios generales y sostuvo que, en los hechos, se trataba de nuevos tributos. Ahora, prepara la apelación.

El fallo agrega un nuevo capítulo a una discusión que suma varios antecedentes en Azul y que también se extiende por distintos municipios bonaerenses. En las diferentes instancias judiciales el meollo de la discusión es el mismo: qué contraprestación debe existir detrás de una tasa, cómo debe acreditarse el destino de los fondos y hasta dónde pueden los municipios utilizar recursos que pagan los contribuyentes rurales para financiar otros servicios.

Un nuevo fallo y el debate por la contraprestación

La Sociedad Rural de Azul sostuvo que salud y educación son servicios generales y que, por esa razón, no podían financiarse mediante porcentajes aplicados sobre una tasa rural.  Según el planteo, ese mecanismo desnaturalizaba el tributo y lo convertía en un impuesto sin una contraprestación individualizada para quienes la pagan.

El Municipio defendió otra interpretación. Argumentó que no había creado nuevos tributos, sino que en la modificación de la ordenanza fiscal e impositiva sancionada a fines del 2024 había establecido una afectación específica de tasas existentes, y que los servicios financiados eran efectivamente prestados por la comuna.

Protesta de productores en Azul del año 2023

El juez Pablo Gabriel Quaranta  terminó respaldando la posición del gobierno local que comanda el intendente Sombra. Consideró que no existía una desvinculación total entre los contribuyentes alcanzados y los servicios municipales y destacó especialmente la prueba presentada por el Ejecutivo local para demostrar el destino de los recursos.

En el caso de salud, el expediente incorporó información sobre el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, los hospitales de Chillar y Cacharí y los 13 Centros de Atención Primaria de la Salud. También se analizaron datos sobre prestaciones, internaciones y consultas, además de documentación contable y presupuestaria

La sentencia sostuvo que el Municipio cuenta con “un sistema de salud pública robusto y organizado” y que el fondo cuestionado responde a una “concreta y efectiva contraprestación” vinculada con la organización y funcionamiento de ese servicio.

También consideró acreditada la existencia de una estructura educativa municipal, que incluye establecimientos y programas sostenidos por la comuna.

De esta manera, el punto central de la resolución no fue solamente la denominación del tributo, sino la posibilidad de demostrar que detrás de los recursos existe un servicio municipal concreto y efectivamente prestado.

La Asamblea de Mayores Contribuyentes, otro frente de la pelea

La Sociedad Rural también atacó también la forma en que se conformó la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que intervino en la aprobación de los fondos. El planteo adquiere especial relevancia porque en Azul ya existe un antecedente reciente en el que una discusión sobre las mayorías necesarias para aprobar una tasa terminó favoreciendo al sector rural que anuló la denominada Tasa de Servicios Esenciales.

En este expediente, la entidad cuestionó particularmente la intervención del intendente kirchnerista en la conformación de la nómina de mayores contribuyentes. Según el planteo de la Rural, el Ejecutivo podía completar la lista cuando faltaran integrantes, pero no modificar el orden o la composición que había definido previamente el Concejo Deliberante. También objetó la ausencia del secretario del cuerpo legislativo durante la reunión de la Asamblea.

El Municipio sostuvo, en cambio, que el Concejo había propuesto solamente 14 mayores contribuyentes sobre los 36 posibles y que, por esa razón, el Intendente estaba habilitado para completar la nómina. También argumentó que la ausencia del secretario no impedía el funcionamiento de la Asamblea.

El juez no resolvió quién tenía razón en esa disputa. Consideró que el planteo involucraba un conflicto entre órganos del propio Municipio —el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante— y consideró que, de acuerdo con el artículo 196 de la Constitución bonaerense, ese tipo de controversias debe ser resuelto originariamente por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En otras palabras, el fallo no convalidó la conformación de la Asamblea ni descartó el planteo de la Sociedad Rural: entendió que no era el juez competente para resolverlo.

Como se mencionó, la distinción es relevante por el antecedente de la denominada Tasa de Servicios Esenciales.

En ese expediente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata terminó anulando la tasa en segunda instancia justamente por un problema en la aprobación de la ordenanza. La Asamblea estaba integrada por 18 concejales y 18 mayores contribuyentes, por lo que se requerían 19 votos afirmativos para alcanzar la mayoría absoluta del total de sus integrantes. La votación había terminado 17 a 16 y la Cámara consideró que esa cantidad no alcanzaba para aprobar el tributo.

Aquel fallo ni siquiera necesitó resolver el fondo de la discusión tributaria: la cuestión formal sobre cómo se conformó y votó la Asamblea alcanzó para invalidar la tasa.

Por eso, el planteo que ahora vuelve a hacer la Sociedad Rural sobre la integración de los Mayores Contribuyentes no es un aspecto secundario dentro de la pelea. En Azul, las formas de aprobación de los tributos ya demostraron tener consecuencias concretas sobre su validez.

La diferencia, por ahora, es que en este nuevo expediente el juez decidió apartar esa discusión de su competencia y dejó abierta la posibilidad de que sea la Suprema Corte bonaerense la que determine si existió o no un vicio en la conformación de la Asamblea.

La discusión por las tasas ya llegó a distintos tribunales

El caso de Azul no supone, sin embargo, que exista una doctrina judicial uniforme sobre las tasas rurales. Por el contrario, los expedientes que se acumularon en los últimos años muestran decisiones diferentes, tomadas además en distintas instancias y frente a problemas jurídicos que no siempre son los mismos.

La judicialización comenzó a adquirir especial peso alrededor de una pregunta básica: si el municipio cobra una tasa, ¿debe demostrar una contraprestación concreta?

Esa discusión apareció en distintos amparos y demandas promovidos por productores contra municipios bonaerenses. En paralelo, el sector rural comenzó a reclamar acceso a la información para conocer cuánto recaudan las comunas y cuál es el destino efectivo de esos recursos.

En Azul, por ejemplo, otro expediente terminó con un pronunciamiento favorable a los productores sobre el acceso a información vinculada con la Tasa de Conservación de la Red Vial. La discusión ya no estaba centrada solamente en el monto cobrado, sino en la posibilidad de controlar cuánto ingresaba al Municipio y cuánto se destinaba efectivamente al mantenimiento de los caminos.

El mismo distrito ofrece, además, otro antecedente de signo diferente. La Tasa de Servicios Esenciales – que incluía los servicios ahora reinstalados en la asignación de la Tasa Vial- terminó siendo anulada judicialmente, aunque por una cuestión vinculada al procedimiento utilizado para su aprobación y a la conformación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Ese contraste es uno de los elementos más relevantes del nuevo expediente: los tribunales no están resolviendo todos los conflictos tributarios rurales con un mismo criterio.

Hay causas donde el eje está puesto en la contraprestación, otras en el destino de los fondos, otras en la legalidad del tributo y otras en el procedimiento mediante el cual fue aprobado.

La apelación mantendrá abierta la disputa

En el nuevo expediente, además de cuestionar el destino de los fondos, la Sociedad Rural había objetado la conformación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que intervino en la sanción de las ordenanzas.

El juez no se pronunció sobre el fondo de esa controversia que abre otra dimensión del debate. Pero a la par, la Sociedad Rural decidió avanzar con la apelación sobre el contenido de la norma ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo para que revise el fallo de Quaranta.

 El expediente suma así una pieza más a una disputa que excede a Azul. El campo consiguió llevar a los tribunales una discusión que durante años se había desarrollado principalmente en el ámbito político y municipal, pero las respuestas judiciales están lejos de ser lineales.

El punto en común entre los distintos casos aparece en otra parte: cada vez con mayor frecuencia, los jueces deben determinar qué servicio justifica una tasa, qué relación debe existir entre quienes la pagan y esa prestación y qué pruebas deben presentar los municipios para demostrar que los recursos tienen el destino que justificó su cobro.