Caminos rurales en desuso: Municipios podrían alquilarlos para "frenar" usurpaciones

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca que los municipios puedan recuperar y preservar caminos rurales que hoy se encuentran en desuso o tienen baja funcionalidad, pero también habilita una alternativa que ya despertó algo de polémica: permitir determinados usos especiales de esas trazas a cambio de cánones o contraprestaciones.

La iniciativa de la senadora de Fuerza Patria, Inés Laurini, propone crear un régimen provincial de adhesión para que los distritos releven, registren, clasifiquen y custodien caminos municipales que dejaron de utilizarse regularmente. El objetivo es evitar que el abandono termine derivando en cierres, obstrucciones, alteraciones o apropiaciones de hecho por parte de particulares.

El proyecto de la legisladora que responde al intendente camporista de Azul, Nelson Sombra, parte de una premisa: que un camino rural haya dejado de utilizarse no significa que haya perdido su carácter de bien público ni su eventual utilidad futura. La propuesta apunta, justamente, a que esas trazas puedan ser identificadas y preservadas antes de que recuperar su uso resulte más complejo.

Un registro para los caminos en desuso

La iniciativa contempla que cada municipio que adhiera pueda crear un Registro Municipal de Caminos Rurales en Desuso de Hecho o con Baja Funcionalidad Vial. Allí deberán incorporarse las trazas relevadas, con información cartográfica y georreferenciada y una clasificación según su posible destino.

Entre las alternativas aparecen los caminos que deberían ser recuperados o reabiertos, aquellos que convenga conservar como reserva territorial, los que puedan admitir algún uso especial compatible y los que requieran estudios adicionales.

Para Laurini, el problema no es solamente vial. Los fundamentos señalan que esas trazas pueden conservar importancia para la conectividad rural, la seguridad, el transporte escolar, el acceso sanitario, la planificación territorial y la gestión hídrica, aun cuando actualmente tengan un uso mínimo o inexistente.

Un proyecto de ley contempla dar permisos de hasta cinco años a cambio de un canon

El relevamiento deberá contemplar, además, la existencia de alambrados, cierres, obstrucciones, desvíos u otras alteraciones materiales, junto con las condiciones ambientales e hídricas del lugar.

La posibilidad de cobrar por el uso

El punto que puede generar mayor debate aparece cuando el proyecto habilita a los municipios a disponer medidas de preservación y también determinados “usos especiales compatibles”.

La iniciativa contempla permisos de uso, concesiones administrativas y convenios con organismos públicos, cooperativas, asociaciones civiles u otras personas jurídicas. Esos mecanismos deberán ser temporarios, precarios y revocables, y no podrán modificar el carácter público de la traza.

El plazo máximo previsto para permisos y concesiones es de cinco años, con posibilidad de una única prórroga por otro período de igual duración. Además, el uso autorizado no podrá impedir una eventual recuperación o reapertura del camino

Aunque técnicamente el proyecto no establece un “alquiler” de los caminos ni un peaje para quienes los utilizan como vías públicas, sí contempla expresamente que las ordenanzas municipales regulen “cánones, contraprestaciones, garantías y seguros” para esos usos especiales, lo cual habilita a los intendentes a generar recursos extras. 

La diferencia es relevante: no se trata de cobrar por circular por un camino público, sino de establecer una contraprestación por un aprovechamiento especial autorizado por el municipio.

Recursos para infraestructura rural

El proyecto también establece qué debería ocurrir con esos recursos. Los fondos obtenidos mediante los usos especiales deberían ingresar a una cuenta con afectación específica o al mecanismo presupuestario que determine cada municipio.

La prioridad sería destinarlos al mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal, obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial, preservación ambiental y gestión hídrica.

De esta manera, la propuesta combina dos objetivos: evitar que los caminos abandonados terminen apropiados de hecho y, al mismo tiempo, generar una herramienta para que los municipios puedan administrar activamente esas tierras y obtener recursos destinados a infraestructura rural.

El proyecto establece además que ninguna autorización podrá implicar la transferencia del dominio, la constitución de derechos reales, la ocupación exclusiva incompatible con el interés público ni la construcción de obras permanentes que comprometan una futura reapertura.

La adhesión al régimen será voluntaria y cada municipio deberá dictar su propia ordenanza para establecer los procedimientos de relevamiento, los usos permitidos, los cánones, los mecanismos de control y las condiciones de restitución.

La propuesta se inscribe así en una discusión más amplia sobre qué hacer con infraestructura pública que perdió parte de su funcionalidad pero conserva valor estratégico y en medio de las disputas entre productores y municipios por las contraprestaciones de servicios en torno a la tasa vial. 

En ese esquema, la iniciativa busca que el Estado deje de mirar esos caminos como trazas abandonadas y pase a administrarlos como bienes públicos que pueden ser preservados, recuperados y, bajo determinadas condiciones, utilizados temporalmente para generar recursos.