Puertos: la conciliación frenó el paro, pero el conflicto pone en alerta al agro

La conciliación obligatoria dictada a última hora del miércoles por la secretaría de Trabajo frenó el paro nacional que  la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) había dispuesto en los puertos y abrió una ventana de negociación de 15 días entre el gremio y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La actividad continuará durante ese período – ya que en ese lapso el sindicato no podrá ejecutar medidas de fuerza-  pero el conflicto salarial sigue sin resolución y, si no hay acuerdo, la amenaza de paro volverá a estar sobre la mesa.

El reclamo de los recibidores de granos apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido entre mayo y agosto. Desde URGARA sostienen que la actividad portuaria y agroexportadora atraviesa niveles récord mientras los trabajadores acumularon un atraso salarial.

La Cámara, en cambio, defiende su propuesta y sostiene que el incremento ofrecido supera las proyecciones de inflación para el año.

El antecedente que encendió las alarmas

Para la cadena agroexportadora, el conflicto llega además después de otro episodio que mostró las consecuencias de una interrupción portuaria.

El mes pasado, la medida de fuerza de los prácticos, desencadenada por el intento de desregulación del servicio impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, paralizó durante un día y medio la actividad y generó pérdidas estimadas en USD 45 millones.

Aunque se trató de un conflicto diferente, el episodio dejó expuesta la sensibilidad de una cadena que depende de la continuidad operativa de los puertos. Cuando los barcos no pueden ingresar, salir o completar sus operaciones, las demoras no quedan circunscriptas a las terminales: se trasladan hacia transportistas, acopios, plantas industriales, exportadores y productores.

Para el agro, el problema de una eventual paralización impactaría fuertemente en las exportaciones 

El riesgo es todavía mayor cuando las interrupciones se acumulan. Una jornada de paro puede alterar turnos de carga, generar demoras en los buques, modificar cronogramas logísticos y aumentar los costos de las operaciones. Si la medida se extiende, el impacto sobre los embarques de granos, subproductos y aceites puede multiplicarse.

Una tregua con fecha de vencimiento

La Cámara de Puertos Privados había advertido antes de la conciliación que una paralización nacional tendría un severo impacto económico y afectaría la continuidad del comercio exterior. Por eso recurrió al Ministerio de Trabajo antes de que se iniciara la medida y pidió la intervención de la autoridad laboral.

URGARA, por su parte, sostiene que agotó las instancias de diálogo y reclama una recomposición del 35,5%. La Cámara afirma que su última propuesta contempla un aumento efectivo del 16% sobre los básicos de febrero desde agosto, una suma extraordinaria y una cláusula de revisión, con un incremento acumulado anualizado del 31,99%.

La conciliación obligatoria permite ahora ganar tiempo y evitar que el conflicto impacte sobre la operatoria portuaria. Pero no modifica el reclamo de fondo: los trabajadores mantienen su demanda y ya advirtieron que, si no hay una recomposición durante estos 15 días, la medida de fuerza podría volver a ser convocada.

Para el agro, el problema es que una eventual paralización no quedaría limitada a la disputa entre el gremio y las empresas portuarias. Los puertos son un eslabón crítico de una cadena que comienza en los productores y termina en los mercados internacionales, y cualquier interrupción puede generar costos y demoras en todo el circuito.

El conflicto, por ahora, entró en un impasse. El reloj de los 15 días empezó a correr y la cadena agroexportadora vuelve a mirar de cerca qué ocurre en los puertos, después de haber sufrido recientemente el costo de otra interrupción.