Federico Sturzenegger y el campo: cuando desregular también tiene un costo

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger convirtió la pelea contra los “kioscos” regulatorios en una de las marcas de su gestión. Su premisa encuentra eco en buena parte del campo: menos burocracia, más competencia, menores costos y reglas que no frenen la producción.

Pero el problema aparece cuando esa lógica choca con instituciones estatales que incluso sectores cercanos al Gobierno de Javier Milei consideran necesarias para que el sistema funcione.

¿Qué ocurre entonces? ¿Sturzenegger está avanzando más rápido que el sector? ¿Funciona como una fuerza de choque que empuja al límite para después negociar? ¿O existe una tensión más profunda entre la apertura de mercados y determinadas estructuras de regulación, coordinación y control que los propios productores consideran parte de la infraestructura necesaria para producir?

Los últimos meses dejaron al menos cuatro ejemplos: el conflicto con los prácticos en los puertos, el financiamiento del IPCVA, la discusión por la propiedad intelectual de las semillas y la flexibilización de la vacunación contra la fiebre aftosa. En todos aparece una misma discusión: ¿toda regulación es un obstáculo para la producción o algunas reglas existen justamente porque el mercado, por sí solo, no alcanza?

La propia dirigencia política empieza a marcar esa diferencia. Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados y dirigente del PRO, reconoció a NewsDigitales que algunos cambios avanzaron más rápido de lo que el sector podía procesar: “Tal vez el Ministerio de Desregulación avanzó más rápido que la realidad del sector” razonó.

La pregunta, entonces, no es necesariamente si el campo quiere desregular. El campo quiere desregular muchas cosas. El interrogante es dónde coloca el límite y quién decide qué queda del otro lado.

El “kiosco” que terminó costando millones

El caso de los prácticos llevó la discusión al terreno de la economía real. El Gobierno buscaba bajar el costo del practicaje y abrir el mercado a una mayor competencia, pero la reacción del sector produjo una paralización portuaria con impacto inmediato sobre el comercio exterior.

El Decreto 690/26 buscó desregular el practicaje, establecer tarifas máximas y ampliar la competencia. Sturzenegger lo presentó como otro “kiosco” regulatorio que debía ser desarmado.

DESARMAMOS KIOSCOS EN EL PRACTICAJE. Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos “costo argentino”. Si mirás los gráficos adjuntos vas a… pic.twitter.com/4TGKaE3HwY

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 31, 2026

Pero la paralización afectó a los puertos y, por esa vía, a una de las principales arterias del comercio exterior argentino. Según estimaciones citadas por CIARA-CEC, unas 70 embarcaciones quedaron afectadas en Rosario y alrededor de 180 en todo el país. Las pérdidas fueron calculadas en unos USD 45 millones en apenas un día y medio, con costos de hasta USD 100.000 por barco y por día.

Para el agro, el dato resulta especialmente sensible: cuando se detiene la actividad portuaria no se frena solamente un servicio, sino el último eslabón de una cadena que comienza mucho antes en el campo y tiene en las exportaciones una de sus principales fuentes de divisas.

El Gobierno finalmente tuvo que correr a Sturzenegger de la negociación y abrir una mesa de trabajo.

¿Fue una derrota del ministro? Puede leerse así porque la reforma debió ser retrotraída. Pero también puede pensarse de otra manera: el Gobierno consiguió parte de su objetivo —reducir costos en un 20%—, aunque descubrió que la velocidad de la desregulación podía ser incompatible con la continuidad de una actividad crítica para las exportaciones.

La pregunta que deja el caso es incómoda: ¿cuánto de la regulación era realmente un “kiosco” y cuánto funcionaba como un mecanismo de seguridad y coordinación cuya eliminación abrupta podía terminar siendo más costosa que su mantenimiento?

IPCVA y semillas: ¿desregular o cambiar quién decide?

El conflicto alrededor del IPCVA introduce otro problema. El Gobierno propone reemplazar los aportes obligatorios por un sistema voluntario. La lógica oficial es sencilla: si productores e industriales consideran útil la promoción de la carne vacuna, deberían financiarla voluntariamente.

Pero aparece otra pregunta: ¿qué ocurre con una institución que genera beneficios para toda una cadena cuando cada actor tiene incentivos para pagar menos y esperar que los demás sostengan el sistema?

El IPCVA es un organismo público-privado creado para promover la carne argentina, generar información, colaborar en la apertura de mercados y acompañar acciones sanitarias. Por eso las entidades que integran su Consejo de Representantes salieron a defender el esquema actual de financiamiento.

La discusión puede plantearse de una manera más profunda: ¿la existencia de un aporte obligatorio convierte automáticamente al IPCVA en un “kiosco” o puede ser justamente el mecanismo que evita que un bien colectivo quede subfinanciado?

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

Algo parecido ocurre con las semillas, aunque allí el conflicto está vinculado a la propiedad intelectual y al reparto de los beneficios de la innovación.

Sturzenegger sostiene que Argentina tiene uno de los sectores agrícolas más innovadores del mundo, pero que no protege adecuadamente sus propias innovaciones. El diagnóstico sobre la necesidad de actualizar el sistema no es necesariamente rechazado por el campo: el sector reclama desde hace años una nueva ley de semillas. El desacuerdo aparece sobre el camino elegido y, especialmente, sobre el equilibrio entre obtentores, semilleros y productores.

¿Es entonces una resistencia a la modernización? ¿O es una disputa por quién diseña las nuevas reglas de juego?

La posición de Pablo Ginestet, nuevo titular de CARBAP y coordinador de la Comisión de Agricultura de CRA, permite encontrar una respuesta posible: el sector no rechaza discutir cambios, pero reclama que las modificaciones estructurales se hagan mediante una ley, con mayor consenso y previsibilidad y no a través de una adhesión directa a UPOV 91, como pide Estados Unidos.

Aftosa: cuando bajar costos también puede aumentar riesgos

La vacunación contra la fiebre aftosa es probablemente el caso que más claramente muestra el límite de una mirada puramente económica sobre la regulación.

La propuesta oficial buscó introducir competencia y permitir que los productores elijan veterinarios privados en lugar de mantener el esquema obligatorio coordinado por entidades y fundaciones sanitarias. En términos de mercado, la idea parece sencilla: más oferentes, mayor libertad de elección y posibilidad de reducir costos.

Pero la sanidad animal tiene una particularidad: el riesgo individual puede transformarse rápidamente en un riesgo colectivo.

Un productor puede querer ahorrar en vacunación, pero una enfermedad no queda encerrada dentro de un campo. La aftosa puede afectar rodeos, mercados y exportaciones. Por eso la sanidad argentina fue construida durante décadas mediante un sistema solidario en el que productores, SENASA y entidades sectoriales asumieron responsabilidades complementarias.

La pregunta, entonces, vuelve a ser incómoda: ¿es posible introducir competencia sin debilitar la coordinación sanitaria?

Desde CARBAP, el planteo fue explícito: no se trata de defender a una fundación por el solo hecho de existir. “CARBAP no está defendiendo kioscos”, sostuvo su extitular Ignacio Kovarsky.

Ese punto resulta central para entender la posición de buena parte del campo. Las entidades no necesariamente están defendiendo el statu quo. Están intentando marcar una frontera entre una regulación que puede ser innecesaria y una institución que cumple una función que excede al productor individual.

La pregunta que queda abierta

Los cuatro casos permiten llegar a una conclusión provisoria, pero quizás sea más interesante dejar abierta una pregunta: ¿Sturzenegger está chocando contra los intereses del campo o contra una concepción del campo sobre cómo debe funcionar el Estado?

Porque hay una paradoja que atraviesa buena parte de las discusiones entre el sector agropecuario y los gobiernos de las últimas décadas. El campo suele reclamar menos intervención estatal cuando esa intervención se traduce en retenciones, impuestos, regulaciones o burocracia que considera que encarecen la producción y no vuelven en forma de servicios.

Pero esa misma dirigencia reclama, al mismo tiempo, el accionar estatal cuando lo que está en juego son caminos, infraestructura, seguridad sanitaria, logística, apertura de mercados o condiciones que ningún productor individual puede resolver por su cuenta.

La pregunta incómoda es entonces otra: ¿el rechazo del campo es al Estado o a una determinada forma de intervención del Estado?

Los reclamos por la infraestructura vial ofrecen un ejemplo cotidiano de esa contradicción. Un productor puede cuestionar una tasa o un impuesto porque entiende que paga por un servicio que no recibe, pero difícilmente pueda resolver por sí mismo el mantenimiento de toda una red de caminos rurales. Allí aparece la demanda de un Estado que recaude menos o mejor, de sistemas mixtos que incluyan a productores en las decisiones pero que en cualquier caso sea capaz de garantizar las condiciones básicas para que la producción pueda salir del campo.

Algo parecido ocurre con los casos que atraviesan esta discusión. ¿Qué sucede con el SENASA si se debilita la coordinación sanitaria? ¿Qué pasa con la promoción de la carne si cada actor decide individualmente cuánto aportar? ¿Cómo se construyen reglas de propiedad intelectual que incentiven la innovación sin que el productor sienta que pierde derechos sobre una herramienta central de su actividad? ¿Y qué ocurre con la logística de exportación cuando una reforma destinada a bajar costos termina paralizando los puertos y generando pérdidas millonarias?

El episodio de los prácticos dejó la imagen más concreta de esa tensión: una medida pensada para reducir el “costo argentino” terminó provocando un costo económico inmediato, con un impacto estimado en USD 45 millones en apenas un día y medio, y afectando directamente el movimiento de buques vinculados a las exportaciones agroindustriales.

Tal vez allí esté una de las claves para entender la discusión. El campo no necesariamente reclama un Estado ausente. Reclama un Estado que no interfiera cuando puede dejar hacer, pero que aparezca cuando su mediación resulta imprescindible.

Y esa distinción es mucho más compleja que la dicotomía entre regulación y desregulación.

Porque si las retenciones y los impuestos son cuestionados cuando el productor siente que el Estado se queda con una parte de su renta sin devolver infraestructura, servicios o seguridad, ¿qué ocurre cuando ese mismo Estado decide retirarse de áreas donde el productor sí necesita coordinación, control o incentivos para la inversión?

¿Es coherente reclamar que el Estado se retire de la economía y, al mismo tiempo, pedirle que garantice rutas, puertos, sanidad, mercados y condiciones de producción? Sí, puede serlo, si la discusión no es sobre cuánto Estado sino sobre para qué el Estado.

Una parte del campo puede coincidir con la necesidad de eliminar burocracia, privilegios y regulaciones innecesarias. Pero eso no significa necesariamente que quiera desarmar las instituciones que considera parte de su infraestructura productiva.

En definitiva, quizás el desafío de Sturzenegger no sea solamente encontrar qué “kioscos” puede desarmar, sino distinguir cuáles son realmente una traba y cuáles, aunque tengan una regulación detrás, sostienen el funcionamiento de la propia cadena productiva que el Gobierno busca hacer más competitiva.