Granja Tres Arroyos ratificó 1.200 despidos: un gigante en crisis pese al consumo récord

La conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos, Wade S.A. y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación bonaerense (STIAPBA) venció sin acuerdo y dejó liberadas a las partes.

La empresa ratificó los despidos y el gremio volvió a denunciar que durante la instancia administrativa la firma incumplió el procedimiento al no reincorporar a los trabajadores ni presentar alternativas para resolver el conflicto.

El funcionario del Ministerio de Trabajo bonaerense a cargo de la mediación dejó constancia del vencimiento del período de conciliación y su prórroga, con lo que quedó cerrada la instancia formal.

Al mismo tiempo, intimó a las empresas a presentar en un plazo de 72 horas hábiles los recibos de sueldo y constancias correspondientes desde agosto de 2024 hasta la fecha, además de documentación vinculada con aguinaldos, horas y otros conceptos, bajo apercibimiento de aplicar sanciones previstas por la normativa laboral.

El conflicto alcanza a más de 1.200 trabajadores despedidos en la provincia de Buenos Aires: unos 700 corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, 50 a Pilar y otros 450 a Esteban Echeverría. Ahora, con la conciliación vencida y sin un entendimiento entre las partes, queda abierta la incógnita sobre el camino que tomará la disputa.

La empresa Granja Tres Arroyos se mantuvo intransigente

En la última audiencia, la representación de Granja Tres Arroyos y Wade ratificó lo planteado anteriormente y sostuvo que las desvinculaciones responden a la necesidad de adecuar la estructura de las compañías al nivel de actividad disponible.

La empresa volvió a describir una situación de “gravísima crisis económica, financiera y productiva”, marcada por la disminución de la actividad, la insuficiencia de activo biológico y las restricciones de liquidez.

También explicó que una parte de los fondos y cobranzas se encuentra afectada por obligaciones anteriores a las presentaciones concursales, lo que, según su posición, dificulta atender normalmente las obligaciones corrientes.

Terminó la conciliación con STIAPBA y no hubo entendimiento. UATRE prepara medidas de fuerza

En ese marco, rechazó las acusaciones sindicales de mala fe y negó que las presentaciones concursales o las medidas adoptadas ante la Justicia tengan como objetivo frustrar el cobro de los créditos laborales.

La compañía sostuvo además que cualquier recuperación de la actividad necesita condiciones financieras que permitan sostener los compromisos y aclaró que no asumirá obligaciones cuyo cumplimiento futuro resulte incierto.

El gremio denuncia que la conciliación no se cumplió

STIAPBA volvió a cuestionar el cumplimiento de la conciliación obligatoria y sostuvo que los trabajadores despedidos nunca fueron reincorporados.

El sindicato también denunció que la empresa no otorgó tareas efectivas ni presentó una alternativa concreta para resolver la situación laboral

Otro de los reclamos está relacionado con los salarios. La organización sindical exigió el pago de la primera quincena de septiembre y pidió que se verifique la totalidad de las sumas adeudadas.

El gremio reclamó además que la empresa entregue los recibos de sueldo y las constancias de transferencia desde agosto de 2024, junto con la documentación correspondiente a aguinaldos, horas y otros conceptos. El Ministerio tomó ese pedido y formalizó la intimación con un plazo de 72 horas hábiles.

Sobre las dificultades económicas que adujo la empresa, el gremio replicó que forman parte del riesgo empresario y las decisiones de gestión adoptadas por el grupo.

En ese sentido, el STIAPBA negó que exista una crisis general del sector que justifique trasladar el impacto sobre los trabajadores. En la audiencia, recordaron que el consumo de carne aviar en el país se encuentra en niveles récord, con alrededor de 49 kilos por habitante al año, y  mencionó las declaraciones públicas de autoridades de la propia firma sobre las perspectivas de crecimiento de la actividad.

La paradoja del mercado: El pollo desplazó a la carne vacuna

El contraste que plantea el gremio tiene un dato concreto detrás. Por primera vez, el consumo de carne aviar acumulado durante los últimos doce meses quedó por encima del de carne vacuna en Argentina. Según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, se ubicó en 47 kilos por habitante contra 46,7 kilos de carne vacuna. El cerdo, por su parte, alcanzó los 20,1 kilos por habitante.

El cambio forma parte de una sustitución entre carnes que permitió mantener elevado el consumo total. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, la ingesta conjunta de carne vacuna, aviar y porcina llegó a 113,8 kilos por habitante, apenas 2% por debajo del período anterior y en niveles similares a los promedios de los últimos cinco y diez años.

Una de las claves está en los precios. De acuerdo con el mismo informe, durante el último año un kilo de carne vacuna equivalió, en promedio, a 3,6 kilos de pollo entero, mientras que el precio de la carne vacuna aumentó 13,3% en términos reales y los valores del pollo y el cerdo retrocedieron cerca de 4% interanual.

Ese escenario explica parte del argumento de STIAPBA: mientras la empresa sostiene que atraviesa una crisis productiva y financiera que obliga a reducir su estructura, el mercado muestra que el pollo ganó participación en el consumo de los argentinos y desplazó por primera vez a la carne vacuna en el mostrador.

Los concursos, en el centro de la discusión

La situación laboral se desarrolla en paralelo con el proceso concursal de las empresas del Grupo GTA. Granja Tres Arroyos y Wade S.A. avanzaron con sus presentaciones ante la Justicia Comercial y la compañía sostiene que el objetivo es ordenar las cuentas, normalizar el flujo financiero y preservar la continuidad de las operaciones.

La empresa planteó que necesita la apertura y tramitación de los concursos para avanzar con la designación de la sindicatura y ordenar una situación financiera que, según su explicación, quedó condicionada por embargos y obligaciones anteriores.

También sostuvo que sus decisiones apuntan a preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo, aunque mantuvo la postura de que la estructura actual debe adaptarse al nivel de actividad que puede sostener.

El gremio, en cambio, entiende que esa situación no justifica los despidos ni el incumplimiento de las obligaciones salariales.

UATRE también llegó al límite

El conflicto de STIAPBA no es el único frente laboral que tiene abierto la empresa. El gremio de la UATRE también transitó por una conciliación obligatoria con Granja Tres Arroyos y Wade con reclamos que también incluyen despidos, salarios y el cumplimiento de la medida dictada por el Ministerio.

El sindicato de trabajadores rurales denunció que tampoco fueron reincorporados los trabajadores desvinculados y reclamó la regularización de una serie de deudas salariales.

Según planteó, están pendientes los salarios de julio, agosto y septiembre de 2026, el aguinaldo correspondiente a junio y las cuotas alimentarias retenidas de los recibos de sueldo que, de acuerdo con la denuncia, no son depositadas desde mayo.

UATRE también pidió que se garantice la continuidad de la actividad y la preservación de las fuentes laborales. La empresa rechazó las imputaciones y volvió a invocar la crisis económica y financiera para explicar las dificultades.

Qué puede pasar ahora

Con la conciliación de STIAPBA vencida, empresa y sindicato quedaron liberados para definir sus próximos pasos, después de haber agotado la instancia administrativa sin acuerdo.

El Ministerio todavía tiene pendiente el control de la documentación laboral que las empresas deberán presentar dentro de las próximas 72 horas hábiles, pero la discusión central —los despidos, los salarios adeudados y la continuidad de los puestos de trabajo— quedó sin resolución.

Por lo pronto, el STIAPBA quedó en condiciones de retomar las medidas de fuerza. En tanto, desde la UATRE dejaron asentado que, al vencimiento de la prórroga de la conciliación, llevará a cabo acciones administrativas, judiciales y medidas gremiales para cobrar las deudas salariales y defender a los trabajadores.