Hasta 10 años de cárcel por romper silobolsas: Media sanción a la ley de vandalismo rural

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que incorpora nuevos delitos de vandalismo rural al Código Penal, con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La iniciativa, impulsada por el PRO y que contiene modificaciones sugeridas por parte del peronismo, pasó al Senado y contempla penas de hasta 10 años de prisión para los casos agravados, además de sanciones específicas por daños a la producción y la infraestructura agropecuaria.

Durante el tratamiento se introdujeron modificaciones en particular que permitieron acercar posiciones entre distintos bloques, incluso con el acompañamiento de legisladores de Fuerza Patria.

El resultado fue una votación con apoyos que atravesaron las divisiones partidarias, aunque persistieron diferencias sobre el alcance de los nuevos delitos y su relación con las figuras que ya existen en el Código Penal.

Qué cambia con la ley de vandalismo rural

El texto incorpora el artículo 150 bis, que establece penas de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural, un terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo. La norma contempla que esa voluntad se presume cuando existen alambrados, tranqueras, barreras, muros o carteles que indiquen la prohibición de ingresar.

Además, crea el artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño para quienes destruyan, inutilicen o dañen cultivos, ganado, plantaciones y otros bienes vinculados con la producción agropecuaria.

El diputado del PRO, Martín Ardohaín, impulsor de la ley 

La protección alcanza también a silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas de agua, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares. El objetivo es incorporar figuras específicas para hechos que, según los impulsores de la iniciativa, muchas veces terminan encuadrados como daños simples, pese a las consecuencias económicas que pueden tener para un productor.

El proyecto contempla, además, un agravamiento de las penas cuando el vandalismo se comete con la participación de tres o más personas de manera coordinada, se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impidiere la continuidad del ciclo productivo o se ejecutara con violencia o amenazas contra las personas siempre que no constituya un delito más gravemente penado.  En ese supuesto, las sanciones pueden llegar a los 10 años de prisión.

Los cambios que acercaron posiciones

Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de precisar el alcance de los nuevos delitos y evitar superposiciones con figuras que ya están contempladas en el Código Penal. En particular, hubo cuestionamientos sobre la relación entre el nuevo artículo 184 bis y el artículo 186, que ya establece penas para determinados hechos de estrago rural.

El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador e integrante de Fuerza Patria, había advertido sobre el riesgo de que una nueva figura penal terminara reduciendo las consecuencias jurídicas de conductas que ya tienen penas más altas. Su planteo apuntaba a evitar contradicciones y dar mayor precisión a la norma para jueces y fiscales.

Nuestros aportes fueron decisivos para fortalecer el nuevo vandalismo rural: sin duplicaciones, mayor precisión jurídica y agravantes con penas de hasta 10 años de prisión. Con diálogo y consenso, logramos una ley más sólida para proteger el trabajo y la producción argentina. https://t.co/jxskWUXJjS

— Ramiro Gutierrez (@Ramir_Gutierrez) October 21, 2026

Tras las modificaciones incorporadas al texto, Gutiérrez valoró el acuerdo alcanzado en el recinto. “La Argentina necesita incorporar a su ley penal el delito de vandalismo rural”, sostuvo, y destacó que durante el tratamiento se había logrado una instancia de trabajo conjunto. También afirmó: “El riesgo de imprecisión por voluntad conjunta lo acabamos de eliminar”.

El legislador consideró que la aprobación envía una señal de protección a los productores, aunque planteó que todavía sería necesario contemplar de manera específica los casos en los que intervienen grupos organizados.

Por su parte, Martín Ardohain, diputado del PRO e impulsor del proyecto, defendió la incorporación de las nuevas figuras penales. “Tenemos que meter en cana al que hace daño al que produce”, sostuvo durante el debate. 

Logramos la media sanción para el proyecto de penalizacion al #VandalismoRural Agradezco al bloque @prodiputados por el acompañamiento y a los demás bloques que votaron por las familias rurales #SeraLey💪 https://t.co/rIS4q7D90e

— Martin Ardohain (@catoardohain) October 21, 2026

Una votación con apoyos de distintos bloques

La media sanción reunió apoyos que excedieron al PRO y sus aliados. Entre los diputados de Fuerza Patria que votaron a favor estuvieron Victoria Tolosa Paz y los entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet.

Michel defendió la necesidad de proteger tanto los bienes inmuebles como los elementos directamente vinculados con la actividad agropecuaria. “Debemos proteger al productor agropecuario, no solo a sus inmuebles sino también a sus cultivos, ganado, silobolsas, corrales y al resto de su infraestructura agropecuaria. Son la fuente de ingreso del productor”, afirmó.

Desde la izquierda, Myriam Bregman rechazó la iniciativa y sostuvo que la reforma podía favorecer a grandes propietarios y empresas. “Es un proyecto que viene a blindar a las grandes corporaciones y los grandes propietarios de la tierra. Les quedó desfasado porque producto de la lucha que dimos no pudieron avanzar en la extranjerización de tierras.  Pero protege a los grandes terratenientes que necesitan reforzar la protección de sus grandes extensiones. Los Lewis, los Benetton” dijo.

Su postura contrastó con la defensa de otros legisladores, que remarcaron que los daños rurales también afectan a productores pequeños y medianos. Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, dijo que las exposiciones de la Izquierda “me llenan de asombro. Los grandes terratenientes de mi provincia, Río Negro, son chacareros que a lo sumo tiene 30 o 40 ovejas o vacas” advirtió.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto quedó en manos del Senado, donde deberá continuar el trámite legislativo para convertirse en ley.