por Redacción NewsDigitales
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves un giro judicial de alto impacto. Un peritaje de Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, que desataron el escándalo por supuestos sobornos en la compra de medicamentos.
El informe identificó cortes, inconsistencias acústicas e indicios de regrabación, además de irregularidades en la preservación de los archivos. Los especialistas tampoco pudieron establecer técnicamente que las voces correspondieran a las personas señaladas en las grabaciones.

Sin embargo, el resultado no implica que los audios hayan sido declarados falsos ni supone el cierre de la causa. La investigación que lleva adelante la Justicia federal incluye otros elementos probatorios, entre ellos documentación sobre contrataciones públicas, comunicaciones entre los involucrados y presuntas maniobras de sobreprecios por miles de millones de pesos.
El estudio fue realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que examinó el material incorporado al expediente judicial.
Los especialistas identificaron discontinuidades abruptas y variaciones acústicas incompatibles con una grabación continua. También encontraron características compatibles con procesos de regrabación, conocidos técnicamente como transferencia acústica. Estas particularidades podrían responder a cortes, ediciones o intervenciones realizadas después de la obtención de los registros originales.
Otro aspecto central fue la interrupción de la cadena de custodia antes de que los archivos llegaran a los peritos. Este procedimiento permite documentar cómo se obtiene, conserva y traslada una prueba, con el objetivo de garantizar que el material analizado sea el mismo que se registró inicialmente.
En este caso, las irregularidades detectadas impidieron establecer con certeza si las grabaciones habían sufrido modificaciones durante su circulación.
El informe también dejó abierta la posibilidad de que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. No obstante, los especialistas no acreditaron que eso efectivamente hubiera ocurrido.
La conclusión técnica fue que los elementos disponibles resultaban insuficientes para confirmar la autenticidad de las grabaciones y atribuir las voces a personas determinadas.
El resultado del peritaje introduce un elemento relevante para las defensas de los investigados, pero requiere una distinción. Que Gendarmería no haya podido validar la autenticidad de los archivos no significa necesariamente que haya demostrado que su contenido es falso.
Los especialistas señalaron limitaciones técnicas que impiden llegar a una conclusión definitiva sobre el origen y la integridad del material.
La defensa de Spagnuolo había cuestionado previamente las grabaciones y planteado la posibilidad de que hubieran sido editadas o generadas mediante inteligencia artificial.
El nuevo informe aporta elementos para discutir su valor probatorio, aunque será la Justicia la encargada de determinar qué consecuencias tienen esas conclusiones sobre el expediente.
La situación también adquiere relevancia porque las grabaciones difundidas en agosto de 2025 contenían referencias a un supuesto circuito de retornos económicos vinculados con proveedores de medicamentos.
En algunos fragmentos se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presunta destinataria de una parte de esos pagos. La funcionaria no fue imputada en la causa.
Mientras se discute la autenticidad de los audios, la investigación judicial avanzó sobre un conjunto de operaciones económicas que exceden el contenido de las grabaciones.
Como informó NewsDigitales el pasado 21 de octubre, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), presentaron un dictamen de más de 300 páginas en el que describieron un presunto sistema de irregularidades en las contrataciones de medicamentos de alto costo.
La acusación apunta especialmente a la droguería Suizo Argentina y a sus vínculos con funcionarios de la ANDIS.
Según la reconstrucción fiscal, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la compañía recibió órdenes de compra por $137.118 millones, equivalentes a aproximadamente el 30% de las erogaciones del organismo durante ese período.
Los investigadores sostienen que la empresa habría tenido acceso privilegiado a información sobre compras públicas y participado en decisiones vinculadas con la selección de proveedores, los precios y la administración de pagos.
La hipótesis contempla la existencia de acuerdos entre empresarios y funcionarios, además de una posible coordinación entre distintas droguerías para distribuir adjudicaciones.
Se trata de acusaciones que todavía deben ser evaluadas judicialmente y que no constituyen hechos probados.

Uno de los episodios más llamativos del expediente involucra un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple.
La diferencia representa un precio de venta de hasta 42 veces el costo de adquisición.
Los investigadores también señalaron que, en mayo de 2024, el organismo había comprado ese mismo medicamento a otra droguería por $281.400. Dos meses después, habría pagado más de $4 millones por unidad a Suizo Argentina.
Para la fiscalía, este caso constituye uno de los ejemplos más significativos del presunto esquema de sobreprecios.
La presentación judicial incluye comunicaciones atribuidas a empresarios y operadores vinculados con las contrataciones, que los investigadores consideran relevantes para reconstruir el funcionamiento de las operaciones.
Estas líneas de investigación tienen una entidad propia que deberá ser examinada independientemente de las conclusiones del peritaje sobre los audios.

El resultado del informe de Gendarmería abre una nueva discusión sobre el alcance de las pruebas incorporadas a la causa. Spagnuolo, quien estuvo al frente de la ANDIS hasta la difusión del escándalo, había rechazado inicialmente que las grabaciones permitieran identificarlo y cuestionado su autenticidad.
Esa presentación buscaba que fuera reconocido como víctima de la presunta maniobra de espionaje, aunque la Cámara Federal rechazó su pretensión al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar esa condición.
En paralelo, la causa principal por presuntas irregularidades en la ANDIS avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y empresarios.
La fiscalía solicitó nuevas declaraciones indagatorias de directivos de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y la ampliación de las declaraciones de otros involucrados.
También incorporó sospechas sobre pagos indebidos, contrataciones direccionadas y posibles mecanismos de presión sobre proveedores.
El juez federal Ariel Lijo deberá evaluar ahora qué valor corresponde asignar al informe de Gendarmería y si sus conclusiones justifican nuevas medidas de prueba.
La principal consecuencia del peritaje es que la autenticidad de los audios que desencadenaron el escándalo continúa sin acreditarse técnicamente.
Esto representa una novedad significativa para una causa que adquirió enorme repercusión política por las referencias a presuntos sobornos y a integrantes del entorno presidencial.
Sin embargo, la investigación judicial ya no depende exclusivamente de esas grabaciones.
El expediente también contiene acusaciones sobre el funcionamiento de las contrataciones públicas, presuntos acuerdos entre empresas y funcionarios, comunicaciones entre los investigados y operaciones económicas que la fiscalía considera sospechosas.
El impacto del informe dependerá de cómo la Justicia valore cada elemento y de la relación que exista entre las grabaciones cuestionadas y las demás pruebas reunidas.
Mientras tanto, permanece abierto el interrogante central de la investigación: si los recursos públicos destinados a medicamentos y tratamientos para personas con discapacidad fueron administrados irregularmente y quiénes podrían resultar responsables.
Los audios quedaron bajo un fuerte cuestionamiento técnico. Las acusaciones sobre el destino de miles de millones de pesos, en cambio, todavía esperan una definición judicial.