La decisión fue adoptada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. También allanan el domicilio de un exmiembro de la AFI y la sede del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó esta tarde una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga la mesa judicial conformada por funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal para perseguir a dirigentes gremiales.

Según fuentes judiciales, el magistrado convocó a personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para efectivizar seis órdenes de registros, cinco de ellas en domicilios laborales de dirigentes de Juntos por el Cambio y exmiembros de la AFI que fueron identificados en el video de la reunión que realizaron en junio de 2017.

News Digitales pudo saber que entre los objetivos figura el despacho del intendente platense, Julio Garro, el senado bonaerense donde trabaja Juan Pablo Allan, legislador de JxC que también participó de la mesa judicial, y el estudio jurídico del exministro de trabajo de la provincia, Marcelo Villegas. En el caso del Senado los voceros señalaron que la Justicia emitió un “pedido para realizar el procedimiento”.

Además, las fuentes detallaron que los gendarmes también tienen orden de allanar la sede del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) porque uno de sus miembros es Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Darío Biorsi, pariente de Silvia Majdalani -número 2 de inteligencia en el gobierno de Macri-, con alto poder en la estructura de la agencia, es otro de los nombres que aparece en la nómina de operativos. Según los voceros, y a diferencia del resto de los imputados, el juez Kreplak ordenó allanar su domicilio particular.

La orden que impartió el magistrado es “secuestrar documentación” que pueda tener importancia en el marco de la causa y “registros informáticos” que luego serán analizados.

La investigación por la mesa judicial del macrismo en la provincia de Buenos Aires fue impulsada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a raíz de la aparición de una filmación en la que funcionarios del gobierno anterior y empresarios discutían una presunta estrategia de armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales.

“Si yo pudiera tener una Gestapo…”

En las imágenes se observa al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, explicando la estrategia y afirmando que “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, expresión que despertó el repudio de la DAIA.

Los operativos fueron solicitados por la fiscal federal de La Plata Ana Russo, quien este miércoles presentó un requerimiento de instrucción ante el juez Kreplak para que identifique a todos los que participaron de la reunión.

Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

En un escrito, Caamaño describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

Ahora, la Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorsi, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.