La justicia porteño dictó el sobreseimiento del periodista Daniel Santoro en la causa del falso abogado que intentaba extorsionar al agente aduanero Gabriel Traficante por la causa conocida como “la Mafia de los Contenedores”.
La Cámara Federal porteña confirmó este jueves 14 de octubre el sobreseimiento del periodista Daniel Santoro en la causa en la que estaba imputado por su presunta participación en una maniobra de extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el agente aduanero Gabriel Traficante, a quien le exigía dinero para evitarle trastornos judiciales y mediáticos en la causa conocida como “Mafia de los Contenedores“.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah coincidieron en que Santoro sólo confió en exceso en la veracidad de la información que le aportaba D’Alessio como “fuente”, pero que no intervino en el accionar ilícito del falso abogado, según informó Perfil.com
“Tengo para mí como altamente probable que, por ciertas características de la personalidad de D’Alessio, Santoro le haya asignado a la información que aquél le proporcionó en esa reunión una entidad mucho mayor a la que debió darle y en un exceso de confianza a su fuente se arriesgó a incluirla en una de las notas, para intentar dar una primicia antes de que lo hicieran otros periodistas con los que D’Alessio tenía trato o intentaba tenerlo”, explicó el camarista Farah.
D’Alessio fue condenado en un juicio oral por el intento de extorsión contra Traficante, pero aún quedaba pendiente de resolución la situación procesal del periodista Santoro, a quien el juez federal Luis Rodríguez había procesado en primera instancia como partícipe del delito.
La Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó profundizar la investigación, tras lo cual el juez Rodríguez (después de escuchar los testimonios de los periodistas Virginia Messi y Matías Longoni, el abogado Rodrigo González, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y el ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión) dispuso el sobreseimiento.
La querella de Traficante, a través del abogado Luis Charró, apeló la medida, pero hoy la Cámara ratificó el sobreseimiento.
“La propia enunciación de las diligencias practicadas revela que, tanto éstas como sus frutos, han resultado sobreabundantes e incapaces de alterar la posición definitiva. El Ministerio Público Fiscal no apeló el sobreseimiento decretado, y la querella se ha limitado a reeditar una imputación que se examinó y descartó en el incidente mencionado”, sostuvo el juez Irurzun.
“En todo el tiempo transcurrido no se había dado con evidencias objetivas que pudieran hacer presumir un aporte criminal de parte de Santoro en el intento de extorsión denunciado en el expediente”, añadió.
Para Irurzun, “desde que se convocó como imputado a Santoro en las magras condiciones aludidas, existían serias razones para pensar que el curso asignado a la investigación importaba un alzamiento contra el normal ejercicio de la libertad de prensa”.
“No es lógico ni aceptable que, a falta de pruebas objetivas de connivencia o acuerdo delictivo, la inferencia fundamental para sostener la responsabilidad de un periodista por el delito mencionado parta de evaluar y calificar el contenido de las notas por él publicadas, por objetar el modo en que –supuestamente- se relacionó con su fuente y cómo corroboró los datos brindados por ésta”, resumió.
Su colega Farah, en tanto, consideró que “no podía sostenerse asertivamente que el encartado hubiera participado, con conocimiento y voluntad, en los actos ejecutivos de la extorsión desplegada por Marcelo D’Alessio”.
El falso abogado “exigía dinero a cambio de ‘ayudarlo’ para evitar que Traficante se viera comprometido judicial y mediáticamente en los hechos investigados en esa causa” e “invocaba frente a Traficante una relación con Santoro que no tenía, puesto que todavía no lo conocía”, evaluó.
Farah creyó el descargo de Santoro, quien declaró que “su relación con D’Alessio fue, únicamente, la de una fuente con un periodista que confió en la información que le brindaba para plasmarla en un artículo del diario”.
El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, votó en disidencia por profundizar la investigación en torno a la conducta de Santoro.