El hijo de las víctimas, Martín Del Río, único acusado por el parricidio, abandonó los calabozos de la DDI de San Isidro y fue alojado en la Unidad 48 de San Martín
Martín Santiago Del Río, el comerciante detenido por el doble parricidio de Vicente López, fue trasladado a una cárcel común, mientras que su defensa apeló su prisión preventiva con nueve cuestionamientos a la investigación, entre los que se destacan el cambio de la data de muerte de las víctimas, la nulidad de testimoniales y el rechazo a los reconocimientos que lo identificaron como el presunto asesino.
Fuentes judiciales, policiales y penitenciarias informaron que Del Río (47) abandonó a las 9 de esta mañana los calabozos de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro -donde estuvo 37 días detenido- y fue trasladado por una comisión policial a una cárcel común, la Unidad 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde quedó alojado en el sector de admisión.
Así lo había ordenado el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, cuando el viernes pasado le dictó la prisión preventiva como presunto autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
En tanto, su abogada, Mónica Chirivin, presentó el recurso de apelación para que la Cámara de San Isidro revierta esa prisión preventiva que hace una semana le impuso el juez Costa avalando la investigación del equipo fiscal de Vicente López integrado por Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.
En el recurso de la defensa, Chirivin sostiene que en este caso “el ‘indubio pro reo’ (la duda a favor del imputado), pareciera que no existe por parte de la Fiscalía y Juez de Garantías”.
“Cuando se evidencia una duda se fuerzan en torcerla para usarla en contra del aquí imputado”, afirma la defensa.
Nueve son los agravios que la abogada menciona a lo largo de las 28 páginas de su apelación y los dos primeros son por la nulidad que no le concedieron sobre el testimonio de Paola C., la agente inmobiliaria con la que Del Río mantenía una relación extramatrimonial y que lo incriminó al ser la primera en reconocerlo como el “caminante encapuchado” que quedó filmado llegando y saliendo de la escena del crimen la tarde del 24 de agosto pasado.
Para la abogada, la mujer estuvo “aprehendida” algunas horas por personal policial hasta que se transformó en testigo para declarar contra su cliente.
“Es una testimonial forzada en contra de mi ahijado procesal, a la instrucción solo le interesaba conseguir que C. diga que la persona encapuchada que camina es Martín Santiago Del Río”, sostiene Chirivin.
La letrada volvió a referirse a la data de muerte de José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), estimada en las autopsias de 12 a 18 horas antes de la inspección de los cuerpos en la morgue, lo que ubicaba el horario del crimen en la madrugada del 25 de agosto (cuando su cliente estaba en su casa del country Nordelta), y luego modificada por el forense hasta 36 horas previas, lo que incluye la tarde del 24 de agosto y compromete al imputado.
“La data de muerte se da entre 12 a 18 horas a partir de las operaciones de autopsias, siendo por ello que mal se puede afirmar que Martín Santiago Del Río, dio muerte a sus padres el día 24 de agosto de 2022 entre las 17.35 y 18.30″, sostiene Chirivin.
A su vez, criticó a la fiscalía y al juez por afirmar que Del Río cometió un “plan estipulado” y que el móvil fue que no pudo concretar la mudanza de sus padres a un lujoso departamento del edificio Chateau Libertador de Núñez, que las víctimas le habían encomendado comprar.
“No existe prueba alguna que demuestre que dicho plan ha existido, todo resulta de suposiciones e interpretaciones caprichosas“, señala Chirivin y, sobre el móvil planteado por los fiscales y avalado por el juez, agrega: “Es poco serio pensar que una persona vaya a matar a sus padres por no poder mudarlos a un departamento”.
También denuncia la abogada que los fiscales Gómez, Musso y Semería “han direccionado prueba” y “se han manejado como amos y señores”, al afirmar que “han comprometido la credibilidad de la Policía Científica de la policía de la provincia de Buenos Aires” (por el cambio de la data de muerte) y “realizando reconocimientos impropios a espaldas de la defensa y del imputado”.
Chirivin se refiere así a los testigos -entre ellos el hermano, el suegro y la amante-, que reconocieron por su forma de caminar a Del Río como el “caminante” que desde el barrio porteño de Núñez quedó filmado por cámaras de seguridad llegando a las 17.33 y saliendo a las 18.30 a metros de la casa de las víctimas en Vicente López.
“No existe razón que para reconocer a un ‘sujeto encapuchado‘, solo se pruebe con una simple declaración testimonial, tomadas a espaldas de la Defensa y no respetando la figura genérica del art. 270 del C.P.P. (rueda de reconocimiento), salvo esta que dichos reconocimientos se encuentran direccionados o motivados tal como ocurre en autos”, señala la abogada.
Además, sobre las filmaciones del “caminante” -que para la fiscalía y el juez era Del Río tapado con capucha, barbijo y gorra con visera-, la abogada afirma “no existe video alguno que pueda mostrar la entrada o salida del sujeto del domicilio citado”.
Del Río padre, abogado, expolicía y comerciante, y su esposa aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien tras el hallazgo de los cadáveres había sido arrestada la empleada del matrimonio asesinado, María Ninfa “Nina” Aquino (64), como presunta “entregadora”, el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio en base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial.