Además, a seis de los 14 imputados por el delito de estafas también les fijaron una caución por 10 millones de dólares. El fiscal analiza apelar la decisión
Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país, deberán fijar un domicilio y entregar sus pasaportes a la Fiscalía, además de que seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, informaron hoy fuentes oficiales.
La resolución la tomó el juez penal de la ciudad de Rosario, Román Lanzón, quien rechazó así el planteo de prisión preventiva que había solicitado el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Roberto Gazze, Alberto Macua, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Omar Scarel, todos de la mencionada firma, al tiempo que le fijó una caución de 10 millones de dólares y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio.
Tras el dictamen del magistrado, quien se manifestó fue Moreno, al decir: “Creíamos que era procedente la prisión preventiva”. El fiscal, que había acusado el martes a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, añadió que “ahora vamos a evaluar si apelamos o no”. Otra medida rechazada por el juez y pedida por Moreno fue la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Buyatti, expresidente del directorio de Vicentin.
Lanzón dio por formalizada la acusación presentada por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.
Moreno sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Entre los damnificados por esas presuntas maniobras hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año y también bancos internacionales que otorgaron préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.
Otro de los damnificados fue el Banco Macro, que de acuerdo a la investigación le otorgó dos créditos por $280 millones –el segundo con fecha del 30 de octubre de 2019- a Vicentin.
De esta manera acusó a los 14 directivos de entonces -algunos de los cuales permanecen en la firma- de “realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
Y finalizó diciendo que “las maniobras de los directores de Vicentin era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa”.