El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confirmó esta semana que se presentará como candidato para presidir la entidad en las elecciones del próximo 9 de septiembre, para el período 2026/2028,
Este anuncio se conoce tras una carta de apoyo de unos 800 socios de la Rural, en la que pidieron por un nuevo mandato de Pino. Este documento avivó la fuerte interna que mantiene con su vicepresidente, Marcos Pereda, que en marzo de este año anunció que se presentará a los comicios, que se llevarán a cabo en septiembre.
En sus redes sociales, el directivo explicó que “con el apoyo de cientos de socios y el compromiso de seguir trabajando por el campo argentino, he decidido postularme nuevamente para presidir la Sociedad Rural Argentina, encabezando una lista con un grupo importante de socios que me acompañará”.
En la apertura de MAIZAR, el congreso que se llevó a cabo esta semana, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta fue uno de los oradores. Y al momento de enfrentar los micrófonos, el funcionario tuvo un giro de 180 grados.
Frente a una audiencia que lo escuchaba en absoluto silencio, el funcionario buscó romper el hielo con un ¿chiste? de corte agronómico. “Voy haciendo la rotación, ya estuvimos en A Todo Trigo. No pude estar personalmente en Mar Del Plata en ASAGIR, pero estuvo la Secretaría. Así que agronómicamente venimos cumpliendo la rotación”, sostuvo.
El fugaz toque de stand up pasó sin pena ni gloria, pero evidentemente el funcionario quería sí o sí la aprobación de la audiencia.
En este punto, comenzó a levantar el tono y consideró que existe un reconocimiento “respecto de lo que está haciendo el Gobierno nacional, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Coordinación de Producción, la Secretaría de Agricultura de lo bueno y de lo positivo que se está haciendo, que por supuesto no es todo, porque no es fácil llegar al todo”, consideró.
Y tras un silencio -incómodo, por cierto- Iraeta disparó una frase insólita: “No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina de lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”.
Tras la noticia sobre la reducción de retenciones en trigo y cebada, que entrarán en vigencia a partir del próximo mes de junio, una de las preguntas que quedó flotando en el sector fue sobre el costo fiscal que representará esta medida para el Gobierno.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó esta cuestión y concluyó que no será de gran impacto para la Casa Rosada. La entidad explicó que una parte importante de las exportaciones previstas para ambos cultivos ya fue comercializada al exterior, lo que reduce el volumen alcanzado por la baja de alícuotas.
En el caso del trigo, de las 19 millones de toneladas proyectadas para exportación en todo el ciclo comercial, restan venderse 5,3 millones de toneladas. Para la cebada, el saldo pendiente corresponde a 500.000 toneladas cerveceras y 200.000 toneladas de forrajera.
La BCR indicó que, tomando como referencia los precios FOB promedio previstos para el período junio-noviembre de este año, el costo fiscal de la medida asciende a USD 26,2 millones para el trigo y a USD 3,3 millones para la cebada.
Tras el anuncio de un paro por parte de los trabajadores aceiteros, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, que se extenderá hasta el jueves 11 de junio. En sus argumentos, el Gobierno señaló que “las organizaciones sindicales deberán dejar sin efecto toda medida de acción directa y prestar servicios de manera normal y habitual”
Además, remarcaron que “las empresas representadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Cámara Argentina de Biocombustibles y la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba, deberán abstenerse de adoptar represalias, garantizar el normal otorgamiento de tareas y mantener las condiciones laborales habituales”.
Los gremios del sector relataron a NewsDigitales que “la huelga se cumplió por tiempo breve, pero contundente, con muy alto acatamiento. Pero las patronales y el Gobierno decidieron sacar la conciliación a toda velocidad y con mucho apuro, se dictó y se está cumpliendo”.
La Fiscalía Federal de San Nicolás pidió este jueves penas de hasta cuatro años y tres meses de prisión efectiva para productores rurales acusados de realizar fumigaciones ilegales con agroquímicos en el partido bonaerense de Pergamino, en el marco de un juicio oral considerado histórico por organizaciones ambientalistas.
El proceso que se ventila en el Tribunal Oral Federal N º 2 de Rosario analiza hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y tiene en el banquillo a productores y empleados rurales, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales acusados de delitos como contaminación ambiental, infracción a la Ley de Residuos Peligrosos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Durante la jornada de alegatos, el fiscal federal Federico Reynares Solari sostuvo que existió “un respaldo científico y testimonial” para acreditar que las aplicaciones de fitosanitarios se realizaron “de un modo peligroso para la salud”, incluso violando hasta la ordenanza municipal que de
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