Vandalismo rural: dictamen de mayoría y una fuerte pelea por las penas en Diputados

El proyecto contra el Vandalismo Rural obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y dio un paso clave hacia el recinto. La iniciativa, que busca endurecer las sanciones por delitos contra establecimientos y bienes rurales, consiguió 41 firmas sobre los 66 diputados presentes durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería.

El avance se produjo después de varias semanas de debate y de la exposición de representantes de las principales entidades agropecuarias, que reclamaron herramientas para prevenir robos, daños e ingresos no autorizados a los campos. El proyecto también plantea convertir en delito penal la intrusión a establecimientos rurales, una de las modificaciones que más había destacado el sector.

El tema volvió a quedar expuesto recientemente en la provincia de Buenos Aires por un episodio ocurrido en Azul, donde un productor se enfrentó con un galguero que había ingresado sin autorización a un campo y uno de los perros terminó muerto. El caso se viralizó y reavivó la discusión sobre la caza furtiva, el ingreso a propiedades privadas y el riesgo de que este tipo de situaciones escale en violencia.

Ahora, con el dictamen de mayoría, el proyecto impulsado por el diputado pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y uno de sus autores, quedó más cerca de convertirse en ley.

“Hay dictamen en comisión para el proyecto de ley que pena el vandalismo rural. Será ley”, celebró el dIrigente del PRO en sus redes sociales.

Hay dictamen en comisión para el proyecto de ley que pena el #vandalismorural . SERÁ LEY💪 https://t.co/jCFmANxWQB

— Martin Ardohain (@catoardohain) October 6, 2026

De una contravención a un delito penal

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una figura específica para la intrusión en establecimientos rurales. La propuesta establece penas de uno a doce meses de prisión para quien ingrese sin autorización a un predio rural delimitado por alambrados, tranqueras o carteles que indiquen la prohibición de ingreso.

El objetivo es que las fuerzas de seguridad y la Justicia puedan intervenir desde el momento en que se produce el ingreso ilegítimo, sin tener que esperar a que se concrete un robo, un daño o una agresión.

Ardohain fue contundente al defender ese cambio durante el debate. “Estamos cansados de escuchar que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, pero cómo no lo van a hacer si hoy estamos hablando de una contravención”, afirmó.

Y explicó el alcance de la modificación: “Entrar a un predio que esté cercado, que tenga un cartel, que tenga una tranquera, a partir de la sanción de esta ley va a ser un delito penal con penas que van de un mes a un año de cárcel”.

Para el legislador, la legislación actual refleja una mirada demasiado centrada en las ciudades y deja desprotegidas a las familias que viven en zonas rurales.

“Salimos de esta visión urbanística del Código Penal y tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo. Hablamos de federalismo, hablamos de que la gente se quede en el interior y no le damos las condiciones”, sostuvo.

Qué cambia con el proyecto

La iniciativa no se limita a la intrusión. También incorpora modificaciones vinculadas con los daños a bienes utilizados en la producción agropecuaria y busca contemplar el impacto que esos ataques tienen sobre el funcionamiento de una explotación.

Entre los bienes alcanzados aparecen silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, además de infraestructura y equipamiento productivo

El proyecto incorpora además el concepto de daño funcional, una cuestión que había sido planteada durante las exposiciones de los representantes del campo. La discusión apunta a que la gravedad de un daño no se mida únicamente por el precio del objeto destruido, sino también por las consecuencias que puede generar sobre el proceso productivo.

La rotura de una bomba de agua, por ejemplo, puede dejar sin abastecimiento a un rodeo. Del mismo modo, el daño de un silobolsa puede comprometer toneladas de producción y afectar toda la cadena posterior.

La iniciativa también contempla modificaciones sobre la instigación pública a cometer delitos rurales, con un agravamiento cuando esa incitación se produzca mediante redes sociales o medios de comunicación masiva.

El campo había pedido “igualdad” en el Congreso

El dictamen llega después de una fuerte participación de las entidades agropecuarias en la Comisión de Agricultura.

Ignacio Kovarsky, de CARBAP, había sintetizado el reclamo del sector con una frase que terminó funcionando como uno de los ejes de la discusión: “Es momento de dar igualdad”.

El dirigente había planteado que la seguridad rural debe ser entendida también como una política de arraigo. “En el campo pasa lo mismo que en los pueblos, la seguridad es una materia pendiente”, sostuvo.

Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, había marcado otro de los puntos centrales: “El campo argentino no reclama una protección privilegiada, reclama una protección eficaz”.

Desde Federación Agraria, Claudio Angeleri puso el foco en las familias que viven detrás de los alambrados. “Detrás de una tranquera, de un campo, de un alambrado hay no solo producción sino familias que viven ahí”, sostuvo.

El proyecto no tuvo unanimidad

El dictamen de mayoría no implica que exista consenso total sobre el contenido de la iniciativa.

El diputado de Fuerza Patria Ramiro Gutiérrez presentó un dictamen propio y cuestionó que algunos cambios terminen reduciendo penas que ya están contempladas en el Código Penal.

“Están matando las penas que protegen a los productores agropecuarios y las están bajando sistemáticamente”, sostuvo.

Gutiérrez puso como ejemplo la destrucción o daño de ganado y comparó las penas propuestas con las actualmente vigentes. Según su planteo, algunas conductas que hoy tienen penas más altas pasarían a recibir sanciones menores.

“Este proyecto no debe prosperar, no están protegiendo la propiedad rural”, afirmó. Y advirtió que esa diferencia podría generar problemas a la hora de investigar y juzgar los hechos.

El PRO dice endurecer las penas contra el vandalismo rural. Su proyecto hace lo contrario: confunde propiedad con domicilio, daño con estrago, duplica delitos ya existentes y BAJA LAS PENAS que hoy establece el Código Penal. El campo necesita protección, no confusión penal. https://t.co/6xAOfzAl5g

— Ramiro Gutierrez (@Ramir_Gutierrez) October 6, 2026

También hubo un dictamen de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, quien cuestionó el proyecto desde una perspectiva política y de clase.

La diputada sostuvo que la iniciativa forma parte de una discusión más amplia sobre la propiedad rural y cuestionó especialmente la protección prevista para determinadas infraestructuras productivas.

“Esto que vamos a discutir hoy es exactamente lo contrario” de las historias de bandidos rurales – citó parte de la letra de la canción de León Gieco-  que, según recordó, forman parte de la cultura popular argentina, planteó.

También vinculó el proyecto con el debate sobre la Ley de Tierras y sostuvo que detrás de la iniciativa existe una intención de reforzar la protección de grandes propietarios y corporaciones. "Yo escucho, leo y veo lo que están presentando y me suena que están protegiendo a Lewis" lanzó, 

La discusión que viene

Francisco Morchio, de Encuentro Federal y uno de los firmantes del dictamen de mayoría, defendió el alcance de la iniciativa y rechazó que esté diseñada para beneficiar a un propietario en particular.

“No está hecho a la medida de Lewis ni de nadie, está hecho a la medida de los productores agropecuarios que viven en el campo, de los empleados rurales”, sostuvo.

El legislador, que vivió 13 años en un establecimiento rural, también habló de la sensación de aislamiento que atraviesan quienes viven lejos de los centros urbanos.

“A mí me gustan las comisiones que dictaminan a favor de las víctimas del delito y me gustan las comisiones que dictaminan en contra de los delincuentes”, afirmó.

Con el dictamen de mayoría, el proyecto dio ahora un paso formal hacia el recinto. El próximo capítulo de la discusión será determinar si la iniciativa logra transformar ese respaldo en una mayoría suficiente para convertirse en ley y, sobre todo, cómo quedarán las herramientas concretas para prevenir las intrusiones y los delitos que hoy preocupan a los productores.