Tropezón del Gobierno en Diputados por los biocombustibles: ¿y ahora cómo destraba la ley?

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una disyuntiva en la Cámara de Diputados con la ley de combustibles: sostener sin modificaciones el acuerdo que consiguió en el Senado y buscar compensaciones con sus habituales aliados, o abrir una mesa de negociación para avanzar con la sanción.

El primer plenario de comisiones en la Cámara baja terminó esta semana sin dictamen y dejó expuestas las diferencias entre quienes consideran que el proyecto representa el mejor consenso posible y quienes advierten que algunos cambios incorporados a último momento en el Senado pueden comprometer la continuidad de las pymes. Con el 18 de noviembre deslizado como posible fecha de sesión, el oficialismo negocia a contrarreloj para encauzar las conversaciones.

La discusión tiene un punto central: el biodiésel. Mientras las provincias productoras de bioetanol, principalmente del norte argentino, defienden una iniciativa que eleva el corte obligatorio de ese combustible del 12% al 15%, las pymes biodiésel cuestionan el esquema previsto para competir con las grandes compañías integradas. El reclamo de las no integradas encontró un inesperado eco entre legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales que habían acompañado el avance del proyecto en el Senado y complicó el poroteo de La Libertad Avanza.

El Gobierno quiere cerrar la discusión, pero necesita los votos

Durante el debate, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Velle, defendió la iniciativa oficial y cuestionó el funcionamiento del régimen actual. Según planteó, la Ley 27.640 tiene “un déficit de origen” que la volvió muchas veces impracticable y, lejos de impulsar el desarrollo de los biocombustibles, terminó desalentando inversiones.

Velle sostuvo que la propuesta del Ejecutivo apunta a promover “la eficiencia, la competitividad y alentar inversiones hacia un mercado eficiente, desregulado y libre”. También reconoció que el Senado introdujo modificaciones respecto del proyecto original y que el Gobierno no estaba completamente conforme con ellas, aunque las aceptó para alcanzar consensos.

La posición oficial quedó sintetizada en una frase: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”. 

El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Velle, expuso en Diputados 

Esa postura choca con el planteo de diputados que consideran que el rol de la Cámara revisora es precisamente discutir las diferencias que quedaron abiertas. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que el debate continúe y advirtió que los acuerdos alcanzados en el Senado pueden no ser suficientes para todos los sectores involucrados.

El reclamo tampoco proviene únicamente de la oposición dura. Entre los cuestionamientos aparecen legisladores de espacios que acompañan habitualmente al Gobierno y representantes de provincias productoras que ven en el esquema del biodiésel un problema para las economías regionales y las pequeñas empresas.

¿Puede el Gobierno resolver por afuera las diferencias que abrió la ley de biocombustibles o el reclamo de sus aliados exige cambios en el proyecto? La primera opción permitiría sostener el texto del Senado mediante acuerdos políticos en otros temas; la segunda obligaría a revisar una parte del consenso que el oficialismo pretende preservar.

El biodiésel, el punto que divide a los aliados

El proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% durante el primer año, pero las pymes no integradas cuestionan cómo se distribuirá ese mercado. Su preocupación es que el esquema termine favoreciendo a compañías de mayor escala, integradas a la producción y comercialización de aceite de soja, frente a empresas que deben conseguir esa materia prima y competir con actores de mucho mayor tamaño.

El diputado bonaerense del MID, Juan Carlos Falcone, resumió esa diferencia con una referencia directa a la provincia: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o Cargill”. Las objeciones se concentran especialmente en las pymes bonaerenses, aunque el debate alcanza también a empresas de provincias como La Pampa o San Luis. Según los cuestionamientos expuestos durante el tratamiento, los cambios incorporados en el Senado pueden dejar en una situación desfavorable a unas 25 empresas que abastecen el mercado interno.

#Biocombustibles #PyMEs Voy a tratar de sintetizar lo ocurrido hoy en el plenario de Energía y Presupuesto de @DiputadosAR *Todos los diputados estamos de acuerdo con el 99% del proyecto que vino del @SenadoArgentina *Ningún diputado quiere bloquear la Ley *Ningún diputado tiene objeciones respecto de lo relativo al bioetanol, que favorece a las provincias del norte *Los bloques del PRO, MID, UCR y UP estamos cuestionando un par de artículos que entraron por la ventana a último momento en el Senado *esos artículos trituran a 25 PyMEs que han invertido millones y generan miles de puestos de trabajo, y benefician a 4 o 5 multinacionales *quieren hacer "competir" a esas PyMEs con 5 multinacionales que, además de tener capacidad ociosa y una escala infinitamente mayor, les proveen a las PyMEs la materia prima esencial para producir *Aprox 20 provincias no producen biodiesel y no son afectadas por este problema. *La provincia más afectada es la PBA, porque tiene más PyMEs productoras de biodiesel *el diputado más "aguerrido" en defender a las multinacionales es de LLA CABA, que no produce biocombustibles. *es perfectamente posible alcanzar un acuerdo modificando esos artículos envenenados y que no pierda ninguna provincia ni destruyan a las PyMEs *vamos a trabajar para encontrar una solución y que la Ley salga mejorada *queremos pensar que los diputados que se oponen a encontrar una solución mayoritaria que no perjudica a ninguna provincia no tienen "incentivos" de otro tipo, y simplemente están equivocados. *las brujas no existen, pero que las hay las hay Mi exposición hoy 👇

— Eduardo Falcone (@dipfalcone) October 28, 2026

Falcone también dejó planteadas sospechas sobre los motivos de quienes se oponen a buscar una salida que contemple a las provincias afectadas. “Queremos pensar que los diputados que se oponen a encontrar una solución mayoritaria que no perjudica a ninguna provincia no tienen ‘incentivos’ de otro tipo, y simplemente están equivocados. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay”, lanzó.

La frase no prueba la existencia de acuerdos entre el Gobierno y las grandes empresas, pero expone el clima de desconfianza que rodea la discusión. Para los legisladores que reclaman cambios, la negativa oficial a revisar el esquema deja abierta la pregunta de por qué se sostiene un texto que, según advierten, puede perjudicar a las pymes.

Más mezcla o cambios puntuales: las alternativas sobre la mesa

Una de las opciones planteadas en Diputados es aumentar el corte obligatorio de biodiésel por encima del 10% previsto en el proyecto. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, propuso llevarlo al 12,5% y preguntó por qué no avanzar hacia un esquema en el que ningún sector pierda y se protejan los puestos de trabajo de las provincias productoras.

“¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5%?”, planteó durante el debate en sintonía con el pedido de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles en Argentina (CEPREB).

La propuesta apunta a ampliar el mercado disponible y abrir margen para que las pymes mantengan una participación significativa. Otra alternativa es modificar artículos específicos vinculados con la transición y la participación de las empresas no integradas, sin revisar el conjunto del acuerdo que llegó desde el Senado.

La diputada radical Karina Banfi también reclamó una mesa de negociación que contemple el impacto de los cambios sobre las empresas y el empleo en la provincia de Buenos Aires. Su planteo se apoya en la atribución de Diputados como cámara revisora para discutir las modificaciones que considere necesarias.

En el tratamiento de la 1/2 sanción que viene en revisión del Senado sobre la ley de biocombustibles, las medidas aprobadas no fue satisfactoria para las pymes de biodisel de la Provincia debido a cambios de último momento. Solicito entonces una mesa de negociación para lograr un acuerdo que integre a todos los sectores productivos de la Argentina.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 29, 2026

La pregunta es cuánto está dispuesto a revisar el oficialismo. Una modificación podría obligar a que el proyecto vuelva al Senado, mientras que insistir con el texto actual supone encontrar los apoyos que faltaron para conseguir dictamen. En ese escenario, la negativa a introducir cambios también alimenta las sospechas de quienes consideran que el Gobierno avala un esquema que beneficia a las grandes compañías en detrimento de las pymes.

El conflicto tiene, además, un contrapunto territorial. Las provincias del norte, donde el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar tiene un peso relevante, respaldan el aumento del corte del 12% al 15%. Para esos distritos, la ley abre oportunidades de inversión y crecimiento para una actividad que sostiene ingenios y puestos de trabajo.

La diputada santafesina de Provincias Unidas Gisela Scaglia defendió el acuerdo alcanzado en el Senado con un argumento pragmático: “Prefiero esto a nada”. Según planteó, mantener la ley vigente también implica conservar un esquema que, a su entender, beneficia a unos pocos.

En la misma línea, la jujeña María Inés Zigarán pidió que las diferencias sobre el biodiésel no se conviertan en un obstáculo definitivo para aprobar la norma. “Yo no quisiera que las diferencias que hay en relación con el tema de biodiésel se conviertan en una barrera para definitivamente sancionar una ley que fue muy debatida en el Senado”, sostuvo, y reclamó “solidaridad para la región del Norte Grande”.

Esas posiciones marcan un límite para cualquier negociación: los cambios que se acuerden para atender a las pymes deberán contemplar también el consenso construido alrededor del bioetanol.

El 18 de noviembre, una primera ventana para negociar

El diputado cordobés de Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez, cuestionó que las diferencias políticas y las dudas del Gobierno hayan impedido avanzar, pese a que había condiciones para hacerlo. “No nos negamos a cualquier negociación que mejore los porcentajes de corte, pero sí nos negamos a que esto sea una excusa para no sacar la ley”, sostuvo.

El 18 de noviembre aparece como una posible fecha de sesión y como una primera referencia para medir si las negociaciones avanzan. No es una fecha confirmada ni garantiza que el proyecto llegue al recinto, pero marca el tiempo disponible para que el oficialismo intente recomponer los apoyos.

A diferencia del Senado, LLA se encontró con resistencias de sus propios aliados por las pymes

¿Le alcanzará con insistir en que el acuerdo del Senado es el mejor posible o tendrá que ceder para evitar que la ley quede trabada en Diputados? El Gobierno todavía puede intentar sostener el proyecto sin cambios, presionar a sus aliados o buscar compensaciones políticas, o abrir una negociación sobre los artículos objetados y el porcentaje de corte.

La falta de dictamen mostró que el acuerdo del Senado no garantiza automáticamente los votos en la Cámara baja. Con el 18 de noviembre como horizonte posible para sesionar, el oficialismo deberá definir qué camino toma para conseguirlos.