Luciano Olivera, de 16 años, fue asesinado por agentes de la fuerza durante un procedimiento en diciembre del año pasado
La fiscal que investiga el asesinato del adolescente Luciano Olivera, ocurrido en diciembre de 2021 en la ciudad balnearia de Miramar durante un procedimiento de la policía bonaerense, pidió que los seis efectivos imputados por el crimen sean enviados a juicio, informaron fuentes judiciales.
El pedido de Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada miramarense, recayó tanto sobre el acusado de ser el autor del disparo que mató al adolescente de 16 años, como los tres policías que viajaban en el mismo patrullero al momento del hecho y otros dos efectivos imputados recientemente en el marco de la investigación.
Según las fuentes, el requerimiento de la fiscalía fue notificado en las últimas horas a las defensas, que podrán realizar sus planteos al respecto, antes de que sea analizado y resuelto por el juez de Garantías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini.
“Los defensores pueden oponerse, pero será estéril“, dijo Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Luciano, quien consideró que el requerimiento de la fiscal “está muy bien fundado y quedará firme”.
El letrado recordó que una vez que el magistrado se expida, se sorteará un tribunal oral colegiado que convocará a las partes para que ofrezcan pruebas y luego fijará una fecha para el inicio del debate.
El pedido de Caro se produjo cinco días después de que se llevara a cabo la reconstrucción del crimen como medida de prueba final antes de cerrar la instrucción de la causa.
A partir de las conclusiones de esta pericia y del resto de los elementos incorporados en el expediente, la fiscal consideró acreditado que el oficial Maximiliano González (26) asesinó de un tiro en el pecho a Olivera, tras una persecución, en la madrugada del último 10 de diciembre.
González está imputado por el delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido por un funcionario policial en uso de sus funciones, por alevosía y por el empleo de un arma de fuego“, por el cual se prevé en un futuro juicio oral la pena de prisión perpetua.
Caro pidió que sean juzgados además por “encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio”, el oficial inspector Nelson Armando Albornoz y los sargentos Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, quienes iban en el patrullero junto a González cuando interceptaron a Olivera.
En el caso de Albornoz, la fiscal amplió recientemente su imputación, con la incorporación del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El requerimiento de elevación a juicio incluyó además al efectivo del Comando de Patrullas local Alejandro Cepeda, imputado semanas atrás por “encubrimiento doblemente agravado”, por su presunta colaboración con el principal acusado del asesinato.
La fiscal solicitó que sea juzgada además la policía Estela Mendoza, última imputada en la causa, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, debido a presuntas demoras en la notificación del hecho al Ministerio Público.
En el marco de la causa, González cumple prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, al igual que Albornoz, mientras que el resto de los imputados se encuentran en libertad.
De acuerdo a la instrucción de caso, Olivera fue asesinado de un tiro en el pecho tras ser interceptado por un patrullero que se interpuso delante de la moto Yamaha YBR 125 en la que se desplazaba, en el cruce de la avenida 9 y las calles 32 y 34.
Para la fiscalía, González descendió del patrullero y efectuó un disparo “en forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano Olivera“, quien no pudo conocer su “acción intempestiva a los fines de ponerse a resguardo, pues conducía el motovehículo y el mismo se encontraba aún en movimiento a una distancia mayor a un metro”, desde donde se encontraba el tirador y los demás efectivos.
Esta hipótesis fue recreada durante la noche del último jueves y la madrugada del viernes, con la intervención de los imputados, y la presencia del abogado Dalbón.
Para el letrado, esta medida probó que “el de Luciano fue un homicidio con alevosía cometido desde menos de 18 metros”.
Por su parte Judit Aristegui, la madre del adolescente, presenció la reconstrucción del hecho junto a otros familiares, amigos y vecinos.
El crimen de Luciano generó una serie de marchas callejeras en reclamo de justicia y contra la violencia institucional en la ciudad de Miramar, donde aún se recuerda el caso de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años violada y asesinada por policías en plena temporada de verano en 2001.