Los ocho rugbiers detenidos por el brutal asesinato del joven de 18 años en la puerta de un boliche apuntaron contra la fiscal por falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad
Los rugbiers que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020 serán “particulares damnificados” en una causa en la que su defensa denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a la fiscal que intervino en la investigación del caso, informaron hoy fuentes judiciales.
Fue la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores la que aceptó el pedido, a través de los jueces de la Sala 1 del tribunal, Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone. Los magistrados hicieron lugar a un recurso en ese sentido presentado por Hugo Tomei, el abogado de los imputados por el homicidio del joven de 18 años.
El defensor denunció desde el inicio de la causa presuntas irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los deportistas horas después de su detención y en un expediente aparte de la instrucción principal acusó a la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell, por “falsedad ideológica de instrumento público” y “privación ilegítima de la libertad”, en marzo de 2020.
Si bien el planteo fue rechazado por el juez de Garantías David Mancinelli al considerar que los rugbiers no podían actuar en calidad de particulares damnificados, el tribunal de apelaciones revocó el último martes la resolución del magistrado tras un recurso de apelación por parte de Tomei. Entendieron que Máximo Thomsen (22), Ayrton Viollaz (22), Luciano Pertossi (20), Matías Benicelli (22), Ciro Pertossi (21), Enzo Comelli (21), Blas Cinalli (20) y Lucas Pertossi (22), que aguardan el inicio del juicio oral por el crimen que arrancará el 2 de enero de 2023 y tendrá 22 jornadas con más de 130 testigos, pueden impulsar la acción penal contra la fiscal en esta causa, que permanece archivada.
Todos los rugbiers, detenidos en un pabellón aislado de la Alcaidía 3 del penal platense de Melchor Romero, están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y a partir de esta resolución de la Cámara, su defensa podrá tratar de reactivar la acusación contra la fiscal, con pedidos de medidas de prueba nuevas.
Además de Zamboni, la acusación de Tomei apunta a la defensora oficial que intervino en el inicio de la investigación, Marina Veronica Olinidi Huespi, y a dos secretarios de la fiscalía.