por Redacción NewsDigitales
Un amplio grupo de entidades del agro y la agroindustria reclamó al Senado de la Nación un rápido tratamiento del dictamen de mayoría que ya fue aprobado en comisiones para establecer un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. El pedido busca que el proyecto llegue al recinto y avance hacia su sanción definitiva.
A través de una nota dirigida a los senadores, las instituciones firmantes consideraron que el texto acordado en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda constituye un “proyecto legislativo superador” y destacaron que permitirá elevar los cortes obligatorios, ampliar el mercado y generar previsibilidad para nuevas inversiones.
El dictamen que ahora respaldan las entidades tomó como base la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, pero incorporó modificaciones durante la negociación con los distintos bloques que participaron del debate.
El debate en el Senado se inició a partir de siete proyectos presentados por distintos bloques. Entre ellos se encontraba la iniciativa de Bullrich, que proponía reemplazar el régimen establecido por la Ley 27.640 y avanzar hacia un esquema de mayor competencia.
La propuesta oficialista planteaba llevar el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol para las naftas del 12% al 15%. También proponía modificar el sistema de comercialización y reducir progresivamente la participación asegurada de las empresas no integradas en el mercado de biodiésel.
La discusión se trabó, principalmente, por ese último punto. Las pymes elaboradoras cuestionaron que la apertura del mercado pudiera favorecer a las grandes aceiteras integradas y dejar en una situación de desventaja a las plantas regionales que actualmente abastecen el corte obligatorio.

En ese escenario, el ingreso de un proyecto de Jorge Capitanich volvió a demorar el cierre del debate. El exgobernador chaqueño propuso un régimen de promoción federal de 15 años, con cortes progresivos de hasta el 15% para el biodiésel y del 18% para el bioetanol, además de cupos para pymes no integradas y un esquema especial para el Norte Grande.
La presentación de esa iniciativa generó un nuevo cuarto intermedio porque algunos senadores pidieron tiempo para analizarla, mientras otros reclamaban cerrar una discusión que llevaba meses.
Finalmente, las comisiones retomaron el debate la semana pasada y avanzaron con un dictamen de mayoría basado en la propuesta oficialista, pero con modificaciones acordadas con senadores aliados.
El texto que consiguió dictamen mantuvo uno de los ejes centrales de la iniciativa de Bullrich: elevar el corte obligatorio de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de establecer un nuevo esquema de comercialización y una vigencia de 15 años para el régimen.
Pero hubo modificaciones en el tratamiento de las empresas no integradas. El dictamen establece una transición para las pymes del biodiésel y mantiene una porción reservada del mercado, aunque reduce progresivamente su participación durante los primeros años.
Una vez que el corte de biodiésel llegue al 10%, el esquema prevé una reducción gradual del segmento protegido: las empresas no integradas tendrán un 6,5% reservado hasta fines de 2028, que bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Desde 2032, ese 3% quedará como piso permanente para las empresas no integradas, mientras el resto del mercado quedará abierto a la negociación entre los distintos actores.
Ese fue uno de los cambios que permitió reunir las firmas necesarias para el dictamen de mayoría, pero no alcanzó para convencer a las pymes del biodiésel, que sostienen que la reserva resulta insuficiente y que el proceso de apertura terminará favoreciendo a las grandes aceiteras.
El proyecto también establece mecanismos de subastas y contratos a término para la comercialización y fija límites destinados a evitar una excesiva concentración del mercado. De esta manera, el texto busca combinar una mayor competencia con una participación mínima para las empresas no integradas.
El principal foco de resistencia continúa siendo el futuro de las pymes regionales.
CEPREB cuestionó el dictamen y sostuvo que las modificaciones introducidas durante la negociación no resuelven el problema de fondo. Federico Martelli, director ejecutivo de la cámara, señaló que las concesiones realizadas para conseguir el acompañamiento de los aliados “no cambian el fondo del problema” y advirtió que la participación de las plantas regionales se reduce progresivamente.
La entidad había propuesto llevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir ese nuevo mercado en tres segmentos: 5% para las pymes regionales, 2,5% para las empresas no integradas ubicadas en el polo de Rosario y otro 5% abierto a la competencia de las grandes aceiteras.
El planteo parte de una diferencia de escala. Según CEPREB, existen unas 25 plantas pymes distribuidas principalmente en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, con unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
Del otro lado, CIARA-CEC respaldó el dictamen de mayoría. Gustavo Idígoras consideró que el texto permite ampliar la participación de las empresas con capacidad instalada y avanzar hacia un mercado más competitivo. La cámara, incluso, había reclamado durante el debate un corte de biodiésel superior al finalmente acordado.
Así, el conflicto dejó de estar concentrado solamente en el porcentaje de mezcla. El debate también define quiénes podrán abastecer el mercado interno de biodiésel cuando aumente el corte y cuánto espacio tendrán las plantas regionales frente a las grandes aceiteras integradas.
En este escenario, las entidades que acompañan el dictamen buscan acelerar el trámite legislativo y que el proyecto no vuelva a quedar frenado en comisiones.
En la nota enviada a los senadores sostienen que el texto permite avanzar hacia cortes obligatorios más altos y progresivos para biodiésel y bioetanol y destacan que el nuevo marco podría generar mayor utilización de insumos de origen agroindustrial.
Entre los argumentos que enumeraron aparecen la reducción de emisiones, la mejora de las propiedades técnicas de los combustibles, el desarrollo de vehículos flex y estaciones de servicio de etanol y la posibilidad de incorporar nuevos productos, como el combustible sostenible para aviación -SAF- y los biocombustibles marítimos.
🌱 Nueva Ley de Biocombustibles – Dictamen en Senado
— BARBECHANDO 🇦🇷 (@Barbechando) September 3, 2026
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También remarcaron la previsibilidad que otorgaría una ley con 15 años de vigencia, además de un esquema que, según las entidades, puede favorecer las inversiones, el empleo y la agregación de valor en origen.
El pedido se produce ahora que el Senado ya tiene un dictamen de mayoría y mientras persisten diferencias que podrían volver a aparecer durante el tratamiento en el recinto. De hecho, durante la negociación algunos senadores anticiparon que podrían plantear modificaciones en la sesión.
La discusión, por lo tanto, todavía no está cerrada: lo que las comisiones hicieron fue aprobar un dictamen de mayoría, no convertir el proyecto en ley. Ahora el Senado deberá decidir si aprueba la media sanción, si introduce modificaciones o si el debate vuelve a abrirse en el recinto.
El documento fue firmado por Barbechando; Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Chaco; Bolsa de Comercio de Rosario; Centro Azucarero Argentino; Cámara de Alcoholes; Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO); Cámara de Bioetanol de Maíz; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA); Cañeros Unidos del Este; Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (CAMARCO)
También por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (BIOPYME); Centro de Exportadores de Cereales (CEC); Consejo Agroindustrial Argentino (CAA); CONINAGRO; MAIZAR (Asociación de Maíz y Sorgo Argentino); Unión Cañeros Independientes de Tucumán; Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta; y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.