Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía y Minería y Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, “fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente”, por el “juez Luis Rodríguez, titular del juzgado federal número 9, con asiento en los tribunales federales de Comodoro Py”, según este artículo de El Destape.
La denuncia contra Aranguren tiene que ver con el hecho de que él era accionista del grupo Grupo Royal Dutch Shell Plc mientras era ministro, lo que implica una “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés”, según el artículo anteriormente citado. Por otro lado, el conflicto por Alonso radica en que ella podría haberlo encubierto.
Según el artículo 13 de la Ley de Ética Pública, ““Es incompatible con el ejercicio de la función pública (…) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.