Laura Andino quedó a cargo del área de Coordinación del Plan Estratégico del Litio en YPF, mientras afronta un proceso penal que incluye un embargo millonario y la prohibición de salir del país. El Código de Ética de YPF prohíbe expresamente que sus directivos tengan procesos penales con la Justicia.
La abogada Laura Andino fue designada como Coordinadora del Plan Estratégico del Litio de YPF Tecnología (Y-TEC). De esta manera, el manejo de este recurso estratégico pasó a quedar en manos de una abogada que, además de no contar con ningún tipo de experiencia probada en la materia, se encuentra procesada por posibles negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos.
Actualmente, el expediente ya cursó toda su etapa de instrucción y está en manos del fiscal federal Federico Delgado y del juez Sebastián Casanello. De acuerdo al documento judicial, Gentilli y Andino fundaron Consular (Consultores Argentinos Asociados), una compañía manejada a través de testaferros que fue impuesta a los concesionarios viales.
Estos concesionarios “debían” contratar a Consular y “compartir” el 1,5% de sus ingresos. Al menos así sucedió con dos consorcios que se quedaron con al menos dos corredores viales. En otras palabras, para conseguir la gestión de una autopista era necesario contratar a esta empresa fantasma que controlaba el titular del Occovi y su esposa, Andino, quien hoy está designada como Coordinadora en YPF.
La información surge de la causa penal, que ya fue elevada a juicio oral y confirmada por los jueces de la Cámara Federal, Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Andino y Gentilli viajaban frecuentemente a Europa y Estados Unidos en primera clase; contaban con personal trainers, tres niñeras y educación privada para sus once hijos, dos choferes, tomaban clases de golf y regalos suntuarios como lapiceras Mont Blanc de oro macizo con rubíes y diamantes para una niña de 3 años. Así lo describió el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, quien investigó el caso casi a la par de la Justicia.
A pesar de que el Código de Ética de YPF -la principal empresa del país que cotiza en Bolsa-, prohíbe expresamente que sus funcionarios tengan causas pendientes con la Justicia, hoy cuenta con una abogada procesada en un cargo clave para el desarrollo del país. Pese a ello, la abogada del litio se atornilló a ese cargo, mientras suplica no terminar presa.