Tiene 50 años y fue arrestada por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Balvanera. Se sospecha que junto a un contador que trabajaba en la AFIP, dos abogados y un empleado de seguridad conseguían información de sus posibles víctimas.
Graciela S. estaba con su hija en un semipiso de la calle Sánchez de Bustamante, en el barrio porteño de Balvanera, cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó con una orden de allanamiento y detención. Hacía varios meses que la estaban investigando por apoderarse de los bienes de jubilados que no tenían herederos, falsificar documentación y hasta realizar compras con las tarjetas de crédito de sus presuntas víctimas.
La acusada es una psicóloga de 50 años que había heredado cinco departamentos en los barrios de Palermo, Caballito y Flores por un valor estimado en un millón de dólares. Su pareja, también detenida en el marco de la misma causa, es un contador que trabajaba en la AFIP y que presuntamente accedía a información secreta de sus posibles víctimas. “Ella le pasaba los datos de los domicilios y él verifica si la propiedad tenía herederos”, explicó al diario Perfil un vocero que participó de la investigación.
La pesquisa se inició a partir de una serie de gastos que fueron realizados con la tarjeta de crédito de una persona fallecida. Habían adquirido distintos electrodomésticos y hasta obtenido un crédito con documentación falsa. La División de Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad comenzó a investigar por la denuncia del banco y obtuvo un dato para avanzar en la investigación: en el domicilio del jubilado muerto estaba viviendo una psicóloga que no tenía ningún parentesco.
Siguiendo esa pista los detectives pudieron determinar que las compras fraudulentas habían sido realizadas por la hija de una abogada que curiosamente estaba conectada con Graciela, también conocida como “Grace”. “Investigando, detectamos que la psicóloga lo que hacía era acercarse a los ancianos y realizar una tarea de inteligencia para ver si tenían posibles herederos. Se acercaba siendo como curadora y con el tiempo se terminaba quedando con la casa”, apuntó la misma fuente.
Las presuntas víctimas tenían entre 80 y 90 años. Todos habían sido profesionales. Médicos y arquitectos con muy buen pasar. “Ninguno cobraba la mínima”, graficó una de las fuentes.
De acuerdo a los voceros, la psicóloga habría realizado un trabajo “hormiga” durante varios años. A muchas de sus supuestas víctimas las conoció en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC), ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Allí tenía un contacto clave: el empleado de seguridad, que presuntamente le facilitaba información de los ancianos a cambio de dinero.
“Yo no tengo nada que ver”, le dijo a los efectivos Agustín Aurelio R. cuando fue demorado en la clínica. El guardia se mostró sorprendido por el accionar policial, pero luego reconoció el vínculo que mantenía con la psicóloga, aunque su versión no tiene ninguna validez judicial. Aseguró que la conocía y recordó que ella le pidió que saliera de testigo para probar su relación con los ancianos. Se sospecha que a cambio “Grace” le pagaba una comisión.
Según las fuentes, cada uno de los siete detenidos que tiene la causa cumplía un rol específico. Los dos abogados, por ejemplo, firmaban y hacían los papeles legales y el contador verifica información sensible para que su pareja pudiera avanzar en la estafa. Ellos -según la investigación- serían dos eslabones fundamentales en la tramoya.
Grace llevaba un buen nivel de vida. Los departamentos que supuestamente heredó estaban alquilados y todos los meses cobraba una renta. Además, se sospecha que hace unos meses cobró una suma de dinero por la venta del auto de uno de los jubilados fallecidos. “Estamos detrás de ese vehículo”, adelantó uno de los voceros de la investigación.
Desde esta semana, la acusada no duerme en el semipiso de la planta baja del barrio Balvanera: permanece detenida en una de las Alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Los operativos
En base a las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 4, a cargo de Martín Yadarola, dictó esta semana a siete órdenes de allanamiento para detener a los responsables y secuestrar distintos elementos de valor.
Según los voceros, en el departamento de la psicóloga, en la calle Sánchez de Bustamante al 100, se incautaron dos teléfonos celulares y la suma de 79.000 pesos. Su pareja fue arrestada en el barrio de Flores, donde también se llevaron dos celulares que serán peritados, una notebook, 23.220 pesos, 98 dólares, 85 reales y las llaves de la propiedad allanada.
En Suipacha al 900, en el barrio de Retiro, detuvieron a la mujer abogada junto a su hija, que realizaba las compras con las tarjetas de los damnificados. Allí secuestraron 4.560 pesos, dos celulares, una notebook, dos tarjetas de débito y hasta una credencial emanada por la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación también llevó a los policías a un inmueble de la calle Ucrania al 3500, en Lanús, donde arrestaron a un hombre y le incautaron un celular.
Por último, en la calle Pasteur al 3700, en San Justo, los efectivos detuvieron a un abogado y le confiscaron un celular, una CPU, un monitor, dinero en efectivo, documentación valiosa para la causa, una pistola 9 milímetros con su cargador con 8 vainas, y las llaves de un Volkswagen Suran.