Un agente del Servicio Penitenciario Federal ingresaba las sustancias en el Centro de Estudiantes (CUD) para que un grupo de detenidos las distribuyera en los pabellones. Allanamientos y detenciones.

Un testigo de identidad reservada destapó un negocio de venta de drogas que funcionaba en el interior de la cárcel federal de Villa Devoto y que involucra a guardias penitenciarios y reclusos. Lo sorprendente es el que punto de encuentro para la supuesta distribución de las drogas en los pabellones era el Centro de Estudiantes (CUD) de la unidad penitenciaria.

La causa, a cargo del fiscal Ramiro González y la jueza María Servini de Cubría, se abrió a partir de la declaración de una persona que declaró bajo reserva de identidad y contó detalles de la operatoria en el penal federal.

Entre otras cosas, explicó que un grupo de detenidos concurría al CUD pese a no tener rendimientos académicos. “Ellos eran funcionales a los movimientos del complejo y posterior abastecimiento de los kioscos en los pabellones”, señaló.

Según el testigo, los internos que compraban drogas a los penitenciarios también recibían informes favorables que sirven para obtener beneficios. De acuerdo a las fuentes, un agente identificado como Leonardo Ostapchuk, que supo trabajar en en el servicio de inteligencia penitenciario, sería el encargado de ingresar a la droga a la cárcel.

Durante la investigación los detectives descubrieron que tenía cobros de 780 mil pesos entre enero y octubre de 2021 por parte de los familiares de los detenidos. Le pagaban la droga para la distribución en el penal.

Hojas caladas en un libro de derecho

A partir de estos datos, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la semana pasada el CUD pero no encontraron drogas. Según dijeron, en un libro de derecho detectaron hojas caladas para ocultar un teléfono celular y un pen drive con información que supuestamente guardaban los responsables.

Un testigo de identidad reservada reveló cómo era el circuito de venta de drogas en la cárcel de Devoto

Además del CUD los investigadores ordenaron otros trece registros en otros puntos y detuvieron a cinco agentes penitenciarios. También fueron imputados ocho presos, muchos de ellos acusados por graves delitos y con condenas de hasta 18 años de cárcel.