El gobierno porteño respondió al fallo del juez Roberto Gallardo, que suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial para la detención de prófugos de la Justicia.
Luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 2 de CABA, Roberto Gallardo, dispusiera la suspensión del uso del sistema de reconocimiento facial, el gobierno porteño salió a responderle.
Lo hizo a través de una conferencia de prensa en la que participaron el Jefe de Gabinete de Ministros, Felipe, Miguel, el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.
“El fallo del juez Gallardo es preocupante. Es un claro ataque a la seguridad de la ciudad a través de un fallo”, aseguró D’Alessandro. “El fallo es político, no judicial”, agregó el ministro
Por su parte, Felipe Miguel señaló que “vamos a acudir a la Justicia para seguir utilizando el sistema de reconocimiento facial”, al tiempo que confirmó la recusación del magistrado porteño.
Entre otras declaraciones, Miguel aseguró que “no vamos a escatimar el uso de las herramientas tecnológicas para brindar seguridad a los porteños y a quienes vienen a trabajar o a visitar la ciudad, vamos a volver a insistir por las pistolas taser y el uso del sistema de reconocimiento facial”.
Por último, Jorge Macri afirmó que “el concepto de la acusación del juez Gallardo es falso, es una mentira”. En su intervención, el funcionario porteño señaló que “el sistema es transparente y de primer nivel. Cuando un sistema funciona, el kirchnerismo lo ataca para que no se note su falta de gestión”, completó.
Como se recordará, el sistema fue suspendido por una decisión del juez Gallardo en el marco de la investigación por el uso de los datos biométricos por parte del Ejecutivo porteño.
En este sentido, pasadas las 16 ayer, en el Centro de Análisis, Comando y Control (CAEC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se iniciaron las tareas de apertura de la información secuestrada en los operativos ordenadas la semana pasada por el magistrado en el ministerio de Seguridad porteño y en el Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas.
Los peritajes, que se realizan en presencia de peritos propuestos por las partes, demandarán no menos de una semana de trabajo, informaron fuentes al tanto de la investigación.
Gallardo dispuso estas medidas en el mismo fallo en el que le ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos” tras detectar presuntas irregularidades en la migración de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia áreas que dependen del ministerio de Seguridad porteño.
Según surge de la investigación llevada a cabo por el juez, el convenio celebrado entre el Renaper y la Ciudad para implementar el sistema de reconocimiento facial en el marco de la búsqueda de prófugos se habría utilizado para migrar datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000; mientras que entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde esa cartera superaron las 9 millones. Sobre este punto, los funcionarios porteños aseguraron que “son mentiras”
Por otra parte, Gallardo le dio al Gobierno porteño un plazo de 48 horas hábiles (vence en las primeras dos horas laborales del miércoles) para que explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo. En este sentido, D’Alessandro aseguró que “ninguna de las personas del Estado están cargadas en el sistema. El fallo es político, no judicial”.