En contra de lo que dicta la ley 15.000, votada en 2017, ya no están disponibles las declaraciones juradas de los integrantes de la Legislatura de la provincia
Hay un retroceso severo en las políticas de transparencia de la provincia de Buenos Aires: la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia dejaron de publicar las declaraciones juradas de sus miembros, esto va en contra de lo que dictó la ley 15.000, votada por la propia Legislatura en diciembre de 2017, que estableció la obligatoriedad de la publicación de los informes sobre la evolución patrimonial de los diputados, senadores y funcionarios parlamentarios.
En la Cámara baja, las únicas declaraciones juradas de los diputados que se pueden consultar son las de 2018. Las de 2019, que se cargaron en diciembre de ese año, ya no están disponibles. La fecha coincide con la llegada de Federico Otermín, que responde a Martín Insaurralde, a la presidencia del cuerpo. Cerca del diputado señalaron que las declaraciones se dejaron de publicar “por razones de seguridad”. Sin embargo, la ley ya contempla que se resguarde identidad.
Prevé expresamente que los datos sensibles de los funcionarios se mantengan bajo reserva en un documento solo accesible por orden judicial, mientras que la declaración jurada con los datos básicos es la que debe publicarse cada diciembre (artículo 15) y estar disponible para su libre acceso (artículo 16). “La declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública”, sostiene la ley vigente en sus fundamentos.
Y no hay lugar a dudas: “Para cumplir con la finalidad de transparencia es preciso que las mismas sean accesibles al ciudadano”. El Senado, por su parte, publicó las declaraciones juradas de sus miembros hasta 2020, incluyendo los dos primeros años de mandato de la actual vicegobernadora, Verónica Magario. De la fecha mencionada al día de hoy no hay más registros, menos explicaciones. La presidencia de la Cámara alta no respondió a la consulta de los medios, así lo informa La Nación.
Magario no se beneficia personalmente con la decisión, ya que su declaración jurada se publica junto a la del resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia. También lo hacen los policías bonaerenses y los agentes del servicio penitenciario provincial. Solo la incumplen quienes votaron la ley que obliga al resto. Lo llamativo es que los diputados y senadores continúan presentado sus declaraciones juradas cada año, tanto las reservadas como las que deberían ser públicas.
En promedio, los diputados bonaerenses cobraron $450.000 de bolsillo en enero (en un caso, la cifra superó los $600.000). Además, disponen de una media de 3000 módulos (las unidades de valor con las que se miden los contratos) para tomar personal político. Fueron entre 1 y 3 millones de pesos mensuales en 2022, que pueden crecer según el diputado tenga espacios de poder en su bancada o en las comisiones. También, si tiene el favor de la presidencia.