Con el apoyo de Juntos por el Cambio, el Concejo Deliberante de Dolores aprobó una ordenanza que plantearía una irregularidad: la creación de un Juzgado Municipal para el tratamiento de las fotomultas. El negocio de la recaudación a la orden del día.

Desde el oficialismo local aprobaron días atrás un proyecto de ordenanza que crea un juzgado de tránsito municipal. Según señala la iniciativa, la misma será reglamentada por el Intendente de Dolores de Juntos por el Cambio, Camilo Etchevarren, quien se encargará de la utilización de radares en el ejido urbano municipal, las fotomultas por exceso de velocidad y la no utilización de luces reglamentarias, entre otras.

No obstante, la creación de fueros especiales por parte de los municipios no estaría avalada por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, las comunas no podrían crear funciones jurisdiccionales porque, por ejemplo, los jueces de faltas provinciales, están creados por ley provincial.  Asimismo, la Carta Orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires no habla del departamento judicial sino del Deliberativo y Ejecutivo; nada diría con respecto a la parte de contravenciones.

Evaluando la ordenanza propiamente dicha que lleva las firmas de los ediles de Juntos por el cambio, nada dice sobre cuál es la normativa a la que se van a regir en cuanto a contravenciones de faltas de tránsito, cómo se van a designar los jueces o juezas para estar en el cargo o cuál será el procedimiento administrativo y competencia a aplicar, lo que la transforma en una norma con muchísimos anormalidades en cuanto a la técnica legislativa y que convierte a Dolores en el único municipio de la Provincia que ha creado un juzgado de faltas de tránsito sin el aval de la ley orgánica de las municipalidades ni la Constitución provincial.

No se ha realizado el debido concurso administrativo para elegir al Juez que ya ha sido designado a libro cerrado para cubrir el cargo en dicho Juzgado municipal: la Jueza que estará al frente del mismo ya está designada, lo que trae más dudas sobre la legalidad de lo actuado.

La jueza “puesta a dedo” para este Juzgado es la Dra. Claudia Rossi, que prestó servicio como Jueza Administrativa de Tránsito provincial del Departamento de Dolores designada en la Dirección provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires de 2011 a 2019.

La misma fue removida de su cargo por las irregularidades cometidas durante su gestión, aunque la Justicia en un intento desesperado intentó ponerla nuevamente en su cargo, la Corte de Justicia Provincial lo desestimó.

Esto conlleva a sospechar que este Juzgado está armado para que la Dra. Claudia Rossi siga con el baile y el negocio de las fotomultas en una localidad donde los vecinos transitan muchísimo, ya que la ruta 2 y la 63 son uniones para llegar a la costa argentina.

El oficialismo ya aprobó en el Concejo Deliberante la designación de Claudia Rossi para cubrir la vacante en el Juzgado de tránsito municipal, cuya creación ratificada semanas atrás por el mismo cuerpo rozaría la inconstitucionalidad.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos advirtieron sobre la designación del oficialismo de la nueva jueza de Tránsito para Dolores, ya que contaría con antecedentes por irregularidades en su rol en el sistema judicial.

En este sentido, los ediles del Frente de Todos de Dolores señalaron que la cobertura del cargo se realiza sin concretar un llamado a concurso, y advirtieron que Rossi no cuenta con los antecedentes necesarios para ocupar ese rol.

Concretamente, los concejales recordaron que la misma fue apartada de su cargo en el Juzgado Provincial de Tránsito en Dolores durante el año 2019 luego de confirmarse algunas irregularidades en su rol de funcionaria pública luego de una auditoría realizada a su gestión.

“No podemos avalar la designación de una funcionaria que no es idónea para el cargo, sus antecedentes lo dicen”, indicaron los ediles, a la vez que agregaron, “el método más apropiado es la realización de un llamado a concurso, y no la aprobación de una ordenanza a libro cerrado como hizo el oficialismo del Concejo Deliberante, porque el mismo brinda la posibilidad a otros profesionales de presentarse y demostrar sus conocimientos y capacidades en el área”.

Además, los concejales del Frente de Todos señalaron que la Ordenanza aprobada con el aval del oficialismo, “deja muchas dudas y un estado de vulnerabilidad para los ciudadanos que transitan las calles de nuestra ciudad y las rutas que atraviesan el municipio”.

Asimismo, hay dudas sobre el sistema de recaudación que pretende imponer el intendente junto a sus concejales, mediante una ordenanza que tuvo poco estudio y que no aclararía cuál es el órgano de competencia, y cuáles van a ser los derechos y garantías que va a tener el vecino de Dolores.

Otro de los puntos más cuestionados es que para poder realizar el cobro de infracciones en las distintas jurisdicciones del ámbito provincial debe firmarse un convenio con la provincia de Buenos Aires, específicamente con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para que esto pueda llevarse adelante y el municipio pueda contar con el sistema aprobado para poder sentenciar y ejecutar las infracciones.

Desde el Frente de Todos dolorense, al día de hoy no saben si ese convenio se encuentra firmado, ya que desde el municipio y el Concejo Deliberante no se brinda información, con una resolución aprobada sin estudio como dijimos anteriormente y todo entre las sombras. Las sospechas de corrupción se hacen de esta forma más visibles.

Cabe recordar que en otros municipios gobernados por Juntos por el Cambio se han dado situaciones de recaudación ilegal en el sistema de fotomultas, con lo cual se encendieron las luces de alarma con la aprobación de la ordenanza en Dolores.

Días atrás, la polémica se instaló en varios distritos con la contratación en forma directa con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) para la colocación y cobro de fotomultas en sus distritos. El problema fue que esos contratos no estuvieron acompañados por una entidad pública, único camino para que ese contrato pueda tramitarse por vía rápida, debido a que esta realizó contrataciones directas con los municipios en una franca violación a todos los procesos licitatorios.

Según consta en las denuncias, históricamente, Cecaitra era contratada por diversos municipios para confeccionar fotomultas a través de un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Este acuerdo, sin embargo, se cayó en 2019, luego de que la Universidad informara que le daba de baja al convenio por “irregularidades” de esta supuesta Cámara. En esa situación también está implicada la gestión del Intendente de Juntos por el Cambio, Camilo Etchevarren.