Está acusado de cobrar dinero y recibir bienes muebles o inmuebles a cambio de beneficios judiciales.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzará hoy el proceso oral y público contra el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
Además, serán juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.
El debate ya tiene también fijadas audiencias para mañana y para el viernes, durante toda la jornada. En este sentido, está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.
Como se recordará, el juez Walter Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto “mal desempeño” de sus funciones. Hasta el momento, la fecha de inicio del jury de enjuiciamento no fue establecida.
A nivel judicial, la investigación que ahora llega a la instancia de juicio oral demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba. Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.
La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.
La fiscalía sostuvo que la investigación permitió demostrar “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el juez Bento”.