Hubo un acuerdo tácito entre el poder político y el juez Violini para el ya famoso habeas corpus. La idea de oxigenar cárceles era aceptada por casi todos. Pero el resultado de las encuestas se llevó puesto todo. Y probablemente, al propio magistrado también

El titular de Casación penal de La Plata, Víctor Violini, atraviesa su peor momento profesional. Es probable que un intento, medulosamente argumentado desde la Legislatura bonaerense, amenace con la continuidad en su cargo.

Para entender qué sucedió detrás del intento por liberar presos de las colapsadas unidades penitenciarias de la provincia, primero hay que comprender quién es quién, y a quiénes “responden” políticamente.

Violini es un hombre histórico de los tribunales platenses, poderoso, laberíntico y de grandes contactos. La llegada del macrismo al Poder Ejecutivo en 2015 no fue una buena noticia para él. Y mucho menos la renuncia de la procuradora María del Carmen Falbo. En el lugar de ésta, quedaría quien a la postre se transformaría en uno de sus principales enemigos, Julio Conte Grand. No es casual que ahora todo el kirchnerismo bonaerense quiera sacarlo de su cargo. No les será nada fácil: el cargo es vitalicio y para desplazarlo precisan de mayoría agravada en ambas cámaras. En el Senado, por ejemplo, el oficialismo está en minoría.

En términos matemáticos, es una jugada imposible. Pero en el plano judicial, es la maniobra central para horadar a una persona de gran cercanía con María Eugenia Vidal y, básicamente, con encumbrados legisladores de Juntos por el Cambio, desde donde se sustancian distintas denuncias de juicio político, una de ellas para el citado Violini.

Violini es un hombre de confianza del actual ministro de Justicia, Julio César Alak. Ambos son de La Plata y se conocen desde hace décadas. Lo mismo sucede con el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Daniel Soria, quien incluso llegó a ser funcionario del ex intendente platense. A este trío, se suma otro ministro, Eduardo De Lázzari, quien fue secretario de Seguridad de Duhalde en PBA, cuando Alak era jefe comunal platense. Obvio, hablan desde hace décadas.

El hábeas corpus de Violini, que abrió una puerta para la liberación de reclusos en penales provinciales, procesados por delitos menores y sin condena firme, tuvo el acuerdo tácito de casi todos. De hecho, el titular de Casación formó parte de la mesa de negociaciones con Alak para descomprimir las cárceles luego de los motines de fin de año por la falta de alimentos. El contexto era otro, no existía ni la palabra Coronavirus.

El problema de la sobrepoblación

La lógica de “oxigenar” las atiborradas penitenciarias provinciales es lógica. Hasta sectores de la oposición están de acuerdo. Se sabe: donde hay lugar para 22 mil personas, hay más de 45 mil. Existen reclusos que duermen en el piso, otros sobre pallets, algunos amanecen entre las aguas servidas de los desbordes cloacales, etc. Mucho más del 50% de las personas privadas de su libertad no tiene condena.

La Suprema Corte, los defensores oficiales (que dependen de Conte Grand), el Ministerio de Justicia, y lógicamente también Violini, se expresaron a favor de resolver esta cuestión. Claro, fue antes de que estallara la pandemia. Y, sobre todo, las encuestas que mostraron el más visceral rechazo a cualquier forma de liberación.

El poder político provincial estaba en la misma sintonía de Violini. Este es un secreto a voces. De hecho, semejante habeas corpus no pudo haber salido sin, de mínima, la mirada de quienes manejan el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Es decir, Alak.

Hubo cacerolazos, fuego amigo (legisladores del Frente Renovador y el propio Massa), el grito en el cielo de Sergio Berni (¿trabaja para ser Gobernador 2023?) y el rechazo del 80% de la ciudadanía según todas las encuestas.

Los ministros Soria y De Lázzari se corrieron de su cercanía de Violini y firmaron desde la Corte la revocación del hábeas corpus. Alak se limitó a hablar de lo que es lógico, la independencia de poderes. No opinó públicamente, en forma tajante, del recurso presentado por uno de sus jueces más cercanos.

Violini quedó en el medio de un huracán. Hasta quienes pensó que compartían la misma lógica, le corrieron el banquito. Se sabe: así funciona la política. Hay legisladores que siguen de cerca los laberínticos caminos de la justicia provincial que sospechan que detrás del hábeas corpus también hubo una intención solapada de beneficiar a posibles presos “amigos”.

Durante el gobierno de Vidal, con Conte Grand como procurador, cayeron algunos peces gordos del ámbito bonaerense, entre ellos magistrados y, al menos, un integrante de Casación, cuyo futuro inmediato debe resolverse en el Senado, donde la oposición tiene mayoría. Hay quienes leen que, algunos, por acción u omisión, iban a aprovechar esta volada.

Mientras el kirchnerismo intentará desplazar a Conte Grand, su rival judicial, Víctor Violini está a punto de enfrentar un posible juicio político, a través de los mecanismos impuestos por la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, donde es probable que ahora el poder político le dé la espalda.