El desvío de fondos correspondientes a salud para sustentar campañas políticas salió a la luz gracias al evidente déficit de la obra social de monotributistas y empresarios.
La crisis financiera de OSDEPYM que se está conociendo en estos días es un verdadero escándalo. Los fondos que deberían haberse destinado a cubrir y responder las necesidades de salud de empresarios y monotributistas, sobre todo en el contexto de la pandemia, fueron utilizados para financiar una campaña política. El escándalo escaló internamente y recién ahora sale a la luz, dada la evidencia de la crisis financiera que atraviesa la obra social y la intención del interventor de vender activos para cubrir un déficit que se generó, entre otras cosas, por el manejo discrecional de los recursos de los afiliados.
Al massista Horacio Alonso se le encomendó la tarea de intervenir OSDEPYM para su mejora, pero, distanciado de su propósito, estaría financiando su actividad política en Tres de Febrero con recursos de la entidad que tiene a su cargo. Entre las denuncias que surgieron se pudo saber del pago de sobreprecios dentro de la obra social de los empresarios y monotributistas. El año pasado, y de la mano del ahora exadministrador de la obra social, Marcelo Naveiro, Alonso autorizó un gasto de más de 200 millones de pesos en mercadería.
Estas mercaderías tenían como destino las unidades básicas y comedores en el distrito que comanda Diego Valenzuela, pagando además sobreprecios que llegaron al 200%. La empresa a través de la cual se realizó la compra de mercadería es “Estructura BASE SRL” (CUIT 30-58666171-6), con dirección declarada en Combate De Pavón 838, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Se trata de una firma sin antecedentes y sin empleados, cuya actividad principal declarada es la de la construcción y no la de provisión de alimentos.
La firma Estructura Base trató de subsanar este desfasaje en julio de 2020, cuando se agregó la comercialización como actividad secundaria. Si bien en los registros figura a nombre de Eduardo Alberto Torres y Mónica Isabel Lescano, se trata de una compañía vinculada directamente a Naveiro. Además, su dirección es ficticia, como se puede ver en la siguiente imagen, tomada exactamente en la locación en la que se supone que la empresa tiene su sede.
Antes de esta mega operación de casi 200 millones de pesos y en casi 7 años de existencia, la empresa había emitido tan sólo 20 facturas, no posee página web ni perfil de servicios en redes sociales y es imposible rastrear datos sobre su participación en algún proceso licitatorio para la compra de mercaderías. Los sobreprecios escandalosos surgen de la comparación con los valores “minoristas” de los productos en cualquier hipermercado en el momento en el que se realizaron las compras.
Por ejemplo, se adquirieron 12.402 unidades de leche en polvo x 800grs. a $384,26 c/u, IVA incluido, cuando el mismo producto se conseguía en Carrefour a consumidor final a $210. Se compraron 6.876 unidades de Aceite x 900cc. a $108,27 c/IVA incluido, un producto que en Walmart se vendía por unidad a $ 62,38. Otro ejemplo son las 2050 unidades de Harina 000 x1kg. a $84,16 c/IVA incluido, cuando en la misma cadena se podía conseguir a $39,20 la marca Morixe de iguales características.
Se pagaron cifras siderales bajo el servicio de “Provisión, preparación y distribución de alimentos”, que sólo en una factura, la número 85 del 8 de septiembre de 2020, alcanza la cifra de $9.918.906,19, siempre pagado con los recursos de los afiliados de la obra social más grande del país y en desmedro de los prestadores de servicios y proveedores que a los largo de todo el año acumularon deudas.
También se adquirieron 58 mil unidades bajo el ítem “bolsones de alimentos“, por un valor que oscila entre los $1599 y los $1678, por lo que aún al menor precio representan $92.742.000 que terminaron distribuidos en Tres de Febrero, a través de una doble juego que realizaron Alonso y Naveiro, mostrando una apuesta con cercanía al intendente macrista Diego Valenzuela, de quien el exadministrador de OSDEPYM fue secretario de Espacios Públicos.
Los antecedentes del vaciamiento
Alonso intentó vender propiedades de OSDEPYM para tapar el déficit que generó el pago de sobreprecios. El interventor de la obra social buscó de esta manera sostener los contratos con la militancia y la entrega de alimentos en Tres de Febrero, donde espera ser candidato. OSDEPYM hoy se encuentra al borde de la quiebra por el uso discrecional de los recursos de sus afiliados por parte del interventor Horacio Alonso para sostener su armado político en desmedro del pago a proveedores y prestadores de la entidad.
Con sus 350 mil afiliados y un despliegue territorial de alcance nacional, además del movimiento de cifras millonarias, OSDEPYM es la obra social más importante del país y el interventor fue designado en febrero de 2020 a expreso pedido del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque el funcionario responde también a Horacio Rodríguez Larreta. Alonso nombró como Gerente General a Marcelo Naveiro, esposo de la ministra de Espacio Público de Horacio Rodríguez Larreta, Clara Muzzio, y exfuncionario del intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Fue además quien acercó a Carlos Grosso a la obra social y abrió la puerta para los negocios con la compra de alimentos para sostener la militancia en Tres de Febrero. Es sorprendente cómo una firma que en 7 años emitió apenas 20 facturas, en sólo un contrato se quedó con un negocio de 200 millones de pesos que además registra serias irregularidades y sobreprecios. Estas irregularidades aceleraron la salida de Naveiro de OSDEPYM en medio de fuertes presiones sobre Alonso por estos evidentes y notorios desmanejos.
Además, con recursos de la obra social también se sostiene a un grupo de militantes de la “Mesa Peronista” de Tres de Febrero que le estarían facturando directamente a la entidad por montos cercanos a los 50 mil pesos mensuales, que son abonados con religiosidad, mientras que con los proveedores se acumulan deudas que podrían superar lo 1000 millones de pesos, lo que se traduce en una baja en la calidad del servicio, cortes intermitentes y cataratas de críticas de los afiliados en las redes sociales.
Como salida de esta crisis, Alonso pretendió vender un terreno, propiedad de la obra social, ubicado en la avenida Nazca, que se había adquirido para construir un centro médico, y ya tiene comprador: la Universidad Maimónides. Además considera vender cinco propiedades más, que hoy funcionan como policonsultorios y están ubicadas en Microcentro, Lomas de Zamora, Morón, San Martín y Vicente López. Finalmente, evalúa vender una propiedad en San Salvador de Jujuy, todos predios de entre 600 y 1000 metros cuadrados que forman parte del patrimonio de los afiliados.
Lo cierto es que, lejos de normalizarse, OSDEPYM se convirtió en una caja política de uso discrecional de Alonso, que habilitó negocios con el macrista Carlos Grosso y financia un grupo de militancia en Tres de Febrero, que probablemente termine perjudicando al Frente de Todos al dividir el voto en una interna de cara a las legislativas de este año, por lo que según algunos trascendidos en el Gobierno nacional ya se buscan reemplazantes para el interventor.
Cómo entender los negocios cruzados
El massista Alonso cierra negocio millonario con Carlos Grosso, integrante de la mesa chica del macrismo. Una empresa vinculada al exintendente porteño se quedó con un contrato millonario de la obra social de monotributistas y empresarios. Alonso, interventor de OSDEPYM, le entregó a Carlos Grosso, hoy integrante de la mesa chica del macrismo porteño, el manejo de un negocio millonario con las coberturas odontológicas, que además durante la pandemia se desarrolló a costo cero por las medidas de aislamiento.
Para tal operación se utilizó la empresa “Administración Baires Salud S.A.”, que, aunque carece de experiencia en el rubro, gracias al acuerdo se quedó con toda la cápita de la obra social de los monotributistas y empresarios, lo que representa una facturación mensual de 6 millones de pesos para la atención de los tratamientos odontológicos de todos los afiliados, aún cuando el servicio estuvo suspendido por la pandemia. La firma es una Sociedad Anónima constituida en noviembre de 2015 para el “Gerenciamiento, administración y explotación de sanatorios y clínicas”.
Lo curioso es que, según los registros de la AFIP, recién en agosto de 2020 la sociedad se incorporó como empleador. Es decir que durante más de 4 años no tuvo ningún empleado y no prestó ningún servicio, a pesar de lo cual cerró un contrato de 6 millones de pesos mensuales.
En el fragmento compartido del Boletín Oficial que acompaña esta nota, el capital inicial para la constitución de la S.A. fue de apenas 100 mil pesos y el presidente de la entidad es Sergio Enrique Dutrey, un odontólogo puntano vinculado históricamente con Carlos Grosso, y entre los accionistas figura Karina Alonso Piñeiro, esposa del exintendente porteño. Durante 20 años OSDEPYM tuvo un contrato con Socdus SRL por el servicio de cápita de odontología, pero Alonso lo cortó para dárselo a la nueva firma, en un acuerdo que además no tuvo ningún obstáculo a pesar de la falta de antecedentes de Administración Baires Salud S.A.
El contrato, además, se pagó religiosamente a pesar de que durante el 2020 la atención odontológica estuvo muy limitada debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, por lo cual el acuerdo arrancó con ganancias extraordinarias para la nueva firma, lo que para algunos es lisa y llanamente un “desvío” de fondos a favor del sectores del macrismo por parte de la intervención de la obra social. El objetivo sería quebrar el Frente de Todos a nivel local para favorecer al intendente Diego Valenzuela, vinculado directamente con Marcelo Naveiro, exgerente de la Obra Social y apuntado como “cajero” del jefe comunal y de Horacio Rodriguez Larreta.
El escándalo trepa con la supuesta crisis de la obra social, que acumula deudas con otros de sus proveedores, lo que redunda en una baja calidad de servicio para los afiliados, pero cumple puntualmente con los acuerdos tanto con al empresa de la esposa de Carlos Grosso, como con los contratos de la Mesa Peronista de Tres de Febrero, por lo que el enojo de los afiliados empieza a hacerse oír en las redes sociales.