En medio de la investigación por el constante arribo a la Argentina de mujeres rusas embarazadas, en el mismo avión viajó un hombre sobre quien pesaba una alerta naranja emitido por Interpol.
Valentin Kazantsev, de 38 años, era buscado por el organismo internacional Interpol. Llegó a la Argentina anteayer en el mismo avión que arribaron más mujeres rusas embarazadas al país y finalmente el juez federal Luis Armella le ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo embarque en un avión para que se vaya del país lo más pronto posible.
El sospechoso permanece alojado en la oficina de Migraciones del aeropuerto internacional custodiado por personal de la PSA. De acuerdo a las normas migratorias, el hombre debería volver a su lugar de origen con la misma compañía con la que llegó a Argentina, en este caso Ethiopian Airlines. En principio, esa empresa aérea recién contaría con un vuelo en la tarde noche de mañana.
El viernes, tras ser detectado como buscado por la Interpol, Kazantsev habría puesto en marcha ciertas maniobras para permanecer en el país luego de que las autoridades de seguridad aeroportuaria tomaran la decisión de que debía subirse a la aeronave con la que había llegado para salir del país.
Para ganar tiempo, el hombre habría manifestado supuestos dolores y luego, a través de una abogada, presentó un recurso de habeas corpus. Finalmente, ayer por la noche, el juez Armella resolvió que el ciudadano ruso debía abandonar el país de manera inmediata.
La llegada del sospechoso ocurre en medio de un fenómeno que se detectó en las últimas semanas y sobre el que pusieron la atención los responsables de Migraciones de Argentina. Mujeres rusas vuelan a la Argentina para dar a luz a sus hijos y conseguir la doble nacionalidad. Al respecto, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero.
La investigación, que está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de María Romilda Servini, llegó el último jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo, pero se les secuestró elementos de interés para la causa.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que “una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios”.
La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales que logró “identificar la primera línea de esta organización delictiva” que “lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares”, se detalló.
Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que “se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord”, añadió el comunicado de la PFA.
Esta investigación se vincula con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.