Biocombustibles: un nuevo tropiezo de Patricia Bullrich que la expone ante Milei

La sesión que el gobierno de Milei esperaba activar el pasado jueves en el Senado no ocurrió. La Libertad Avanza suspendió un día antes la reunión de Labor Parlamentaria porque no tenía garantizados los votos para aprobar la nueva ley de biocombustibles y volvió a quedar expuesta una dificultad que Patricia Bullrich viene arrastrando desde que conduce el bloque oficialista: transformar acuerdos negociados en las comisiones en mayorías concretas en el recinto.

Esta vez, el problema no estuvo en el corazón del proyecto de desregulación que impulsa el Gobierno, sino en algo bastante más específico: qué lugar tendrán las pymes no integradas de biodiésel cuando se abra el mercado y cuánto mercado quedará asegurado para ellas, un tema sensible para las provincias aliadas.

El dato político es que el oficialismo ya había conseguido un dictamen de mayoría, después de incorporar modificaciones reclamadas por distintos senadores provinciales. Es decir, Bullrich había logrado negociar con lo justo un texto para acercar posiciones. Pero cuando llegó el momento de convertir ese acuerdo en votos para el recinto, aparecieron nuevamente las resistencias.

Y allí aparece la particularidad de esta discusión: el bioetanol prácticamente no genera el conflicto. El problema está concentrado en el biodiésel de soja y, dentro de esa industria, en la pulseada entre las grandes empresas integradas y las pymes regionales.

Un dictamen que Bullrich todavía no puede transformar en ley

El proyecto que terminó en el dictamen de mayoría tiene como punto de partida la iniciativa presentada por Bullrich, pero el texto fue modificándose durante las negociaciones en comisión.

En total se habían presentado siete iniciativas de distintos bloques y el dictamen terminó recogiendo aportes de varios de ellos. La salteña Flavia Royón tuvo un papel central en la búsqueda de ese consenso y el texto incorporó modificaciones reclamadas por legisladores del norte y de otras provincias productoras.

El esquema acordado eleva progresivamente el corte obligatorio de biodiésel hasta el 10% y lleva el bioetanol del 12% al 15% después de un año de vigencia de la ley. También establece un nuevo régimen con 15 años de duración y modifica las condiciones de comercialización.

El oficialismo había conseguido un dictamen de mayoría para tratar la ley de Biocombustibles 

El problema apareció con la transición para las empresas no integradas. El dictamen prevé que ese segmento tenga una participación asegurada que se reduce progresivamente hasta llegar al 3% a partir de 2031.

Para las pymes regionales, ese porcentaje es insuficiente. Y ahí está buena parte de la explicación de por qué el oficialismo se quedó sin los votos que necesitaba.

Según indicaron a NewsDigitales fuentes del sector energético al tanto de las conversaciones, los senadores de Santa Fe estarían dispuestos a acompañar el dictamen, pero aún esperan mejoras en las condiciones para las no integradas, especialmente elevando el piso que quedaría asegurado desde 2031. La discusión pasa por llevar ese porcentaje al 5% o incluso al 6%.

No se trata, entonces, de que Santa Fe esté en contra de la reforma. El problema es cuánto espacio tendrán sus empresas y las pymes de otras provincias dentro del nuevo mercado.

La interna que está trabando la ley

Para entender el conflicto hay que mirar hacia adentro de la cadena sojera.

Las empresas integradas son aquellas que participan de todo el proceso: muelen la soja, producen aceite y además cuentan con plantas propias de biodiésel. Allí aparecen los grandes jugadores del complejo agroexportador, como Cargill, COFCO o Louis Dreyfus Company, que buscan entrar al mercado interno tras la caída de las ventas internacionales.

Las no integradas, en cambio, compran el aceite y lo transforman en biodiésel. Son, en buena medida, las plantas pymes que abastecen el mercado interno y que están distribuidas fuera del núcleo agroindustrial santafesino.

El problema es que tampoco todas las no integradas tienen la misma posición.

Las plantas ubicadas cerca del polo de Rosario tienen una ventaja logística por su proximidad a la molienda de soja. Las que están en Buenos Aires, La Pampa, San Luis o Entre Ríos enfrentan costos mayores para conseguir el insumo y colocar su producción.

Por eso, la discusión que terminó frenando la sesión tiene también una dimensión productiva y territorial: no todas las pymes compiten en las mismas condiciones frente a las grandes aceiteras.

CEPREB viene advirtiendo justamente sobre ese punto. La cámara sostiene que el dictamen reduce progresivamente la participación de las plantas regionales y que, sin criterios de segmentación y regionalidad, la apertura terminará trasladando una porción del mercado hacia el polo agroexportador santafesino.

Su director ejecutivo, Federico Martelli, calificó de “profunda injusticia” el esquema y sostuvo que las concesiones realizadas durante la negociación no modificaron el problema de fondo.

Del otro lado, CIARA-CEC considera que el dictamen es un avance porque permite que participen las empresas que tienen capacidad instalada y puedan ofrecer biodiésel competitivo. Creen que el nuevo régimen puede volver a poner en funcionamiento plantas que hoy tienen capacidad ociosa.

De ahí que haya surgido incluso una alternativa que el Gobierno no quiso tomar: separar los tratamientos de bioetanol y biodiésel, aprobar primero el régimen para el alcohol -donde existe mayor acuerdo entre los sectores de caña de azúcar y maíz- y dejar el biodiésel para cuando aparezca un consenso.

El oficialismo, por ahora, insiste en votar todo junto.

Bullrich y otra vez la dificultad para cerrar acuerdos

La caída de la sesión tiene una dimensión que excede a los biocombustibles. Bullrich asumió la conducción del bloque libertario en el Senado con una tarea concreta: ordenar una Cámara en la que La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y donde cada iniciativa del Gobierno depende de acuerdos con radicales, provinciales, PRO y otros bloques dialoguistas.

Pero en esta oportunidad el problema no quedó circunscripto a los aliados tradicionales. También aparecieron reparos dentro de LLA. Entre los casos más llamativos aparecen los senadores puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, que no estarían dispuestos a acompañar sin cambios un esquema que consideran perjudicial para las pymes no integradas de biodiesel de San Luis.

Algo similar ocurre con los radicales. Senadores de la UCR de Santa Fe y La Pampa mantienen diferencias sobre el tratamiento que el dictamen les da a las pymes, y esas posiciones habrían contribuido a sumar resistencias dentro del bloque radical. En Santa Fe, además, la discusión tiene un doble filo: la provincia concentra buena parte de la molienda de soja y también alberga empresas no integradas, por lo que sus senadores reciben presiones de ambos lados de la cadena.

El resultado es una paradoja incómoda para Bullrich: para conseguir el dictamen tuvo que negociar modificaciones con los aliados, pero esas modificaciones todavía no alcanzaron para que los mismos sectores acepten votar el texto en el recinto

Para colmo de males, la exministra de Seguridad también encontró resistencia puertas adentro del Gobierno. En el área de Energía y Minería, bajo una órbita cercana a Santiago Caputo, tampoco habría entusiasmo con algunas de las modificaciones que la senadora negoció con los bloques aliados.

La sesión se cayó y expuso problemas de la exministra para llevar la agenda de Milei en el Senado. 

A esta altura, la titular del bloque de LLA en el Senado acumula varios traspiés parlamentarios.

El antecedente más visible fue la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Bullrich tuvo que retirar el capítulo de extranjerización de tierras después de que los aliados reclamaran modificaciones y quedara en evidencia que no estaban los votos para aprobar el proyecto tal como había sido planteado originalmente. Finalmente, el Senado aprobó una versión recortada y el gobierno sufrió un duro revés a nivel social, porque quedó emparentado a una presunta entrega de la soberanía a manos extranjeras. Por eso y rápido de reflejos, Javier Milei tomó nota e intenta cambiar la percepción con una fuerte reclamo por las Islas Malvinas.

Bullrich suma problemas con otro proyecto emblema de la gestión libertaria: el Súper RIGI. Tras varias semanas, los aliados reclamaron cambios y el debate sigue empantanado.

Ahora, con biocombustibles, la secuencia vuelve a repetirse.

Y hay otro elemento de contexto que vuelve más incómodo el episodio. Mientras Bullrich debía levantar Labor Parlamentaria en el Senado, la oposición lograba avanzar en Diputados con los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. La imagen del día terminó siendo la de un Gobierno obligado a frenar su propia agenda en una Cámara mientras la oposición avanzaba en la otra.

El problema, entonces, no es solamente que una sesión se haya caído. Es que empieza a aparecer una pregunta sobre la capacidad de Bullrich para cumplir con la tarea que le asignó Milei.

El próximo intento y una agenda que tampoco viene sencilla

La intención oficial es volver a intentar la sesión la semana próxima. El proyecto de biocombustibles podría compartir el recinto con la reforma del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que también requieren acuerdos para conseguir las firmas y los votos necesarios.

En biocombustibles, mientras tanto, el Gobierno tiene una ventana para negociar. Los senadores de las provincias vinculadas al bioetanol no aparecen como el principal obstáculo y el dictamen ya tiene una base de acuerdo. La discusión está mucho más concentrada en el biodiésel y en el reparto del mercado entre integradas y no integradas.

La posibilidad de elevar el piso del 3% que establece el dictamen para las no integradas a partir de 2031 aparece como uno de los caminos para destrabar la situación.

Pero también expone el límite de la estrategia oficial: la ley que pretende abrir el mercado de biocombustibles necesita más negociación política para poder ser aprobada.