Gabriela Carpineti aportó información sobre los negocios y las conductas en Argentina Joseph Lewis.
Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ), aportó información sobre los negocios y las conductas en Argentina del magnate inglés Joseph Lewis, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, donde el fiscal Damian Williams lleva adelante una investigación contra el empresario por prácticas empresarias corruptas, entre ellas fraude financiero y tráfico de información privilegiada.
El informe presentado por Carpineti da a conocer el modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios en Argentina, con serias objeciones legales y éticas, considerando dicha información de posible interés para el expediente que tramita la fiscalía estadounidense ante posibles inconductas en relación a la ley FCPA – ForeignCorruptPracticeAct (ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE.UU.).
Vale recordar que Lewis fue detenido a fines de julio en Estados Unidos y liberado luego de abonar una fianza récord de alrededor de 300 millones de dólares. El magnate volverá a declarar en enero de 2024.
La denuncia que cursa en Nueva York se da en el marco de la reciente resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que falló a favor del empresario permitiéndole no habilitar una traza corta para acceder a Lago Escondido (camino de Tacuifí), incumpliendo específicamente la legislación nacional y provincial vigente y a contramano de las resoluciones que datan desde la compra de ese terreno por parte del empresario en el año 1996.
Además, Lewis está siendo investigado en la Argentina por dádivas a jueces y fiscales y adulteración de facturas por parte de su empresa Hidden Lake S. A.
Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se refirió a esta nueva acción jurídica para proteger la soberanía argentina: “Mientras que en EE.UU. la persecución a la criminalidad económica, al delito de fraude al Estado y a los evasores, son política de Estado; acá vemos todo lo contrario. Jueces, políticos y empresarios trafican información, fallos, dádivas para apoderarse de un bien natural y económico que es de todos los argentinos”.