En la audiencia del miércoles se pidió que Cacho Garay vaya a la cárcel y que la otra acusada quede con prisión preventiva. Además, se ventilaron denuncias por amenazas de muerte contra la víctima de los abusos sexuales.
Este miércoles en el Polo Judicial se desarrolló una nueva audiencia en el marco de la investigación contra Juan Antonio Cacho Garay (68), imputado por reiterados abusos sexuales, amenazas y privación de la libertad, entre otros delitos, en perjuicio de su expareja, Verónica Macías. En este contexto, trascendieron las amenazas de muerte que habría recibido la víctima en las últimas semanas y en las que también podría aparecer como sospechoso el humorista.
Estos hechos fueron denunciados y los ventiló la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien explicó que Macías recibió mensajes en los que le decían que retirara los cargos contra Garay o la “iban a matar”. Esto se está investigando en la Justicia, y si bien no hay imputados, la hipótesis más fuerte es que los autores de estas amenazas podrían ser allegados al comediante. Además de tocar este punto, la fiscal, como se esperaba, pidió que al acusado se le retire el beneficio de la prisión domiciliaria.
También que sea pasado a la cárcel, en relación a la gravedad de los delitos que le endilgan y a un probable riesgo de fuga. Los abogados querellantes acompañaron la solicitud, mientras que los defensores plantearon que Cacho siga con arresto en la casa de su hermana, en Maipú. Por último, Fernández Poblet requirió la prisión preventiva de la otra involucrada en el caso, Sandra Astudillo (57), señalada como cómplice del artista en las agresiones sexuales.
Esta mujer ya está en una penitenciaría, aunque a diferencia de Garay, su detención aún no ha sido confirmada por un juez. Sus abogados buscan liberarla, o al menos que queda en domiciliaria. Estos planteos se resolverán el viernes, cuando se retome la audiencia y Federico Martínez, el magistrado interviniente en esta oportunidad, haga lugar a lo pedido por la fiscal o les dé la derecha a las defensas.
Garay se encuentra imputado por amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de arma, robo simple, tenencia ilegal de arma de fuego (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos o más personas en un número indeterminado de hechos.
También por privación ilegítima de la libertad agravada en un número indeterminado de hechos y desobediencia, todo en concurso real y en contexto de violencia de género. Mientras que Astudillo está acusada por los delitos de abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.