El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se mostró confiando en el recurso presentado por el gremio luego de que la justicia admitiera tratar el amparo.

Tras la presentación del amparo judicial contra el DNU de Javier Milei, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, precisó que “si mediante un decreto se pretende reemplazar las funciones del Congreso que está plenamente habilitado para sesionar, lo que está en riesgo es la Democracia”.

La Justicia admitió tratar el amparo presentado por la asociación para que, mediante una cautelar, se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Javier Milei.

“Es un avance en los esfuerzos para ponerle freno a un DNU que destruye derechos de todos y que fue redactado por 4 o 5 empresarios”, calificó al respecto Aguiar.

En la misma línea analizó: “Es tan alta la concentración económica y el poder del gran empresariado nacional que ahora hasta intentan legislar a través del Presidente”.

La causa judicial que pretende declarar la nulidad insanable del DNU 70/2023 por ser inconstitucional y antidemocrático fue radicada en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal N°2 a cargo del Dr. Esteban Carlos Furnari.

“Quedó claro que no se cumplen los extremos que justifiquen la emisión de un decreto de esta naturaleza. No hay ninguna necesidad ni urgencia para pretender derogar y modificar más de 300 leyes”, resaltó, y completó: “La única urgencia es profundizar la concentración económica de las grandes empresas, transfiriéndoles los recursos desde los trabajadores, jubilados y sectores populares, y la necesidad es la que tiene Milei de complacer a sus mandantes”.

Asimismo, el referente precisó que desde ATE la estrategia es enfrentar el DNU en tres planos: el Congreso, la Justicia y en las calles.

El amparo fue presentado en conjunto con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Movimiento La Ciudad Somos los que la Habitamos.

Desde ATE argumentaron que la presentación judicial exige que se suspendan los efectos del decreto por violar la Constitución de la Nación Argentina; constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público.

Para los trabajadores del gremio el DNU constituye una desviación de poder y un abuso de derecho público y viola el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes.