El multimillonario británico Joe Lewis, quien en la Argentina es eje de críticas por adueñarse de espacios públicos en Lago Escondido, se entregó a las autoridades estadounidenses en Manhattan.
El multimillonario británico Joe Lewis, quien en la Argentina es eje de críticas por supuestamente adueñarse de espacios públicos en las cercanías de su mansión de Lago Escondido, en Río Negro, se entregó a las autoridades estadounidenses en Manhattan.
Se esperaba que compareciera ante un tribunal más tarde este miércoles para enfrentar cargos por uso de información privilegiada, informó un portavoz de la oficina del fiscal federal.
Dos de los pilotos de Lewis, Patrick O´Connor y Bryan Waugh, también fueron acusados de fraude de valores con información privilegiada, según reportó desde Nueva York la agencia de noticias británica Reuters.
Ambos cosecharon millones de dólares en beneficios ilegales gracias a los consejos de Lewis, según los fiscales.
El abogado de Lewis, David Zornow, aseguró que los fiscales “cometieron un error atroz” al acusar a Lewis, de 86 años, y afirmó que su cliente fue de forma voluntaria a Estados Unidos para defenderse de los cargos.
Los abogados de O´Connor, de 66 años, y Waugh, de 64, no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios. Ambos también fueron detenidos, según los fiscales.
Los fiscales indicaron que en 2019 Lewis prestó a cada piloto 500.000 dólares y les animó a comprar acciones de la compañía oncológica Mirati Therapeutics antes de que publicara resultados clínicos favorables, informó Reuters.
O´Connor envió un mensaje de texto a un amigo diciendo que pensaba que “el Jefe tiene información privilegiada”, según la acusación.
Después de que Mirati anunció los resultados positivos, el precio de sus acciones aumentó un 16,7% en un día, y ambos pilotos reembolsaron a Lewis sus préstamos.
Lewis, quien tiene una fortuna de 6.100 millones de dólares según la revista Forbes y fundó la firma de inversión Tavistock Group, fue acusado de 16 cargos de fraude de valores y tres de conspiración, por presuntos delitos que abarcan desde 2013 hasta 2021.
Los cargos conllevan sentencias máximas posibles de décadas de prisión, pero cualquier sentencia sería determinada por un juez.