El docente que es titular de una cátedra de la Facultad de Odontología de la UNC habría comenzado a reclamar los pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba desde la década el ’90.

El fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron la elevación a juicio de la causa contra el titular de una cátedra de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acusado de extorsionar a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba.

Los fiscales también pidieron el enjuiciamiento de las dos personas que administraban la institución privada donde se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes, y de la decana de la facultad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, de acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del ’90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función mediante distintos actos.

Así, habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Adrián Casalis, primero, y a Augusto Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso.

De acuerdo con la investigación, bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían en muchos casos a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces.

La intimidación, según los fiscales, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema, ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos.

“Aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa; preguntas formuladas de manera inentendible, contenidos brindados en clases ni que pudieran ser ubicados en los libros de estudio”, indicaron los fiscales en la elevación a juicio.

Además, en la acusación precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba). Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento, y que le brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaría en los exámenes.

Una vez que los alumnos pagaban el supuesto curso, le entregaban un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaban a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología.

Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo.

Según se probó en la investigación, esa circunstancia continuó hasta algún momento entre 2015 y 2016, cuando Olmedo y Casalis se distanciaron, y la pantalla de la academia se mudó al barrio Nueva Córdoba, donde Augusto Massimino se hizo cargo hasta septiembre de 2020, y el esquema se repitió.

Los fiscales Hairabedian y Aramayo también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la UNC,  por no haber ejecutado la obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o promover actuaciones administrativas disciplinarias.