Una organización liderada presuntamente por un empresario de 62 años habría cometido tres secuestros entre julio de 2021 y octubre de 2023. El pago de los rescates, la logística y las amenazas.
Las últimas estadísticas criminales revelan una baja estrepitosa de los secuestros extorsivos. La curva descendente arrancó en 2015 y hasta la fecha prácticamente no se detuvo. Pese a ello, una organización con una logística sorprendente estuvo operando durante al menos dos años y habría recaudado más de medio millón de dólares.
Para los investigadores, Claudio Daniel Coto (62) sería el cerebro de una banda integrada por seis hombres y una mujer: cinco integrantes están detenidos -entre ellos el cabecilla- pero todavía buscan a dos.
Según fuentes del caso, esta organización realizaba una sorprendente inteligencia previa con seguimientos y filmaciones para obtener información sensible que después utilizarían para intimidar a sus víctimas.
En los tres casos investigados por los fiscales federales Matías Di Lello y Javier Arzubi Calvo el grupo dejó una nota escrita a máquina, un sello propio de la organización. Los familiares del secuestrado encontraron la nota en el interior de un bolso o mochila que también contenía varios teléfonos celulares numerados a los que los secuestradores llamaron durante las distintas etapas del rapto.
En los mensajes había datos de familiares directos, direcciones y edades. También detalles con las instrucciones para realizar el pago del rescate como el siguiente: “En esta mochila hay teléfonos numerados donde nos comunicaremos. Te daremos instrucciones muy claras para que realices el pago. Para ello tienes que ir solo y con un solo celular. Manejate tranquilo que esto no es contra vos. Solo sos un mandadero. No te metas en problemas gratis”.
También aseguraban que tenían contactos en la Policía y la Justicia: “Ante la más mínima denuncia lo pasamos a valor y vamos por tu familia”, advertían para evitar la intervención de una fuerza de seguridad en las negociaciones.
Coto fue detenido durante una serie de allanamientos realizados por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina (PFA) en San Nicolás, la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense.
Para los pesquisas, este supuesto empresario de 62 años sería el jefe e ideólogo de los secuestros. Además de él fueron arrestados otros cinco supuestos integrantes de la organización, cada uno con un rol determinado. Néstor Adrián Santabaya, con antecedentes por piratería del asfalto, sería uno de los jefes de los operativos; y su hermano Nicolás Adrián, el encargado de la logística de los golpes junto a su pareja, Silvia Beatriz López. Emiliano Acuña, por su parte, figura como “cañero”, es decir, el brazo armado de la organización, y Sebastián Pugliese, aparece como “cuidador” y también a cargo de cobrar el dinero de los rescates.
El primer paso del plan delictivo consistía en no llamar la atención. Para ello se disfrazaban de policías y simulaban un operativo para llevarse secuestrada a la víctima. En una ciudad como Rosario, donde los narcos dominan parte del territorio, a nadie le llamaría la atención un procedimiento encubierto en la calle.
A una de las víctimas, por ejemplo, la raptaron cuando caminaba por la costanera rosarina y otra cuando se dirigía al gimnasio en la localidad de Villa Ramallo. En ambos casos los captores llevaban camperas identificatorias de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según fuentes del caso, la extorsión comenzaba apenas entregaban la mochila o el bolso con los aparatos telefónicos y las instrucciones. “Eran teléfonos viejos, del tipo analógicos, sin sus pantallas, sin pin de carga y con sus tarjetas SIM pegadas, para que la policía no pueda identificar sus números y sus procedencias, y no puedan realizar una escucha en vivo”, explicaron los investigadores.
La segunda etapa del secuestro se iniciaba cuando llegaban a un acuerdo por el monto del rescate. En uno de los casos entregaron 500 mil dólares y en otro U$S 100 mil. Cuando finalmente el pagador lograba reunir el dinero recibía un llamado con las nuevas directivas. Lo que seguía era el tramo más angustiante para las víctimas: la entrega del dinero en una estación de servicio de Avellaneda (cerca de 300 kilómetros del lugar del secuestro) y el aviso para rescatar al secuestrado.
De acuerdo a los voceros, Coto era el encargado de negociar el rescate con los familiares y hasta guiarlos para efectuar el pago. Las escuchas telefónicas (ver aparte) que fueron incorporadas en la causa lo muestran como una persona serena, que nunca pierde la calma e intenta llevar tranquilidad a sus víctimas. “Nadie va tirar un tiro en vano. Nadie va a lastimar a nadie en vano y nadie va a hacer nada que no corresponda siempre y cuando respetemos las pautas”, le advirtió a uno de sus interlocutores durante el tramo final del pago de rescate.
Estadísticas
La caída en los números de los secuestros extorsivos es tan notoria que desde octubre pasado la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos pasó a llamarse Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, y ahora también investiga delitos como contrabando, tráfico ilegal de bienes, terrorismo y delitos migratorios, entre otros.
Según los datos de la ex Ufece, en 2016 hubo 227 secuestros; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27, y en los primeros nueve meses de este año, solo doce casos, el número más bajo de los últimos siete años. La conformación de esta banda, que estiman llevaba más de tres años operando y con un tiempo de descanso entre hecho y hecho, sorprendió a los investigadores del caso porque prácticamente no habían quedado células activas desde los tiempos de El Negro Sombra y el Ruso Lohrmann, dos históricos secuestradores.